El sambenito del servicio de energía para la región Caribe colombiana pareciera ya una cruz difícil de dejar de cargar a cuestas para sus habitantes. La historia de esta porción del territorio nacional ha estado ligada, primero, al sufrimiento por los apagones y los racionamientos que se vivieron con las electrificadoras manejadas por el Estado, y después con las empresas Electricaribe y Electrocosta, que en su momento no cumplieron con las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento y la confiabilidad del sistema de distribución.

Ahora, aunque Air-e y Afinia adelantan las inversiones que, no es menos cierto, han comenzado a evidenciar mejorías en la prestación y constancia del servicio de energía, con menores tiempos de interrupción en el suministro, el precio por ello que están pagando los usuarios es tan alto que se está volviendo impagable. O se come o se paga el servicio de energía, de ese tamaño es la disyuntiva de miles de familias costeñas cada mes cuando reciben la factura.

Y es que no se compadece que la región con mayor índice de pobreza multidimensional –en 2021 fue del 26,8 % de la población y seis de los siete departamentos de la región estuvieron por encima del promedio nacional, 16 %, salvo Atlántico– del país sea la que más sufra por el costo de la energía, sobre todo cuando es la que más sufre el rigor del clima por las altas temperaturas que promedian los 30°C.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, abandera la cruzada de los mandatarios locales costeños, que le piden al gobierno electo de Gustavo Petro y al Congreso establecer un canal de diálogo para revisar una problemática que tiene en jaque la calidad de vida y la competitividad de la región Caribe.

Entre las cinco propuestas del mandatario barranquillero están implementar un fondo de estabilización, eliminar el IPP (Índice de Precios al Productor) como factor de actualización de los contratos de generación y establecer un esquema que permita compartir la carga financiera de tarifas entre comercializadores, generadores y transmisores.

A su vez, la bancada costeña ha propuesto la creación de una comisión accidental en el Congreso para analizar el tema.

Más allá de cuál sea el canal o el medio para que se halle una salida en beneficio de los usuarios para que paguen un precio justo, pero acorde con la realidad de sus ingresos, se necesita una decidida voluntad política para priorizar en la agenda nacional un tema trascendental que afecta a más de 11 millones de ciudadanos que consumen el 29 % de la energía que se consume en el país.

Es una gestión que demandará el mayor compromiso de gobernantes y congresistas costeños, la tarea se tiene que cumplir. La región espera un buen servicio, pero con tarifas justas y acordes con la realidad económica y social que vivimos.