El aumento en las tarifas del servicio de energía en Barranquilla y el resto del Atlántico está generando no solo preocupación entre los ciudadanos, también enorme malestar ante la dificultad de comprender el funcionamiento del mercado eléctrico. Demasiados componentes y un solo afectado: el usuario. Ante los insistentes rumores sobre el alza, la empresa Air-e confirmó que el incremento gradual será de 9 % para el sector residencial y 5 % para el industrial. Los recibos ya empezaron a llegar a hogares, comercios y empresas que se sienten atropellados por una subida que complica aún más su difícil panorama económico, habida cuenta de que la mayor parte de ellos no ha superado aún el impacto de la pandemia. La situación también desencadena tensiones con el Distrito, los gremios o los congresistas que comparten el descontento de la comunidad.

El debate de fondo pasa además por la calidad del servicio frente al precio pagado. Un asunto bastante espinoso porque los usuarios no se sienten satisfechos. Por el contrario, se quejan de constantes fallas e interrupciones, además de extensos cortes. Air-e sostiene que esta alza sujeta al nuevo marco tarifario definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) –que también se aplicará en La Guajira y Magdalena a un total de 1,2 millones de usuarios– está asociada a dos aspectos centrales. Uno de ellos es la inversión comprometida por el operador para mejorar la calidad del servicio, que dice ha sido del 30 %. El otro está directamente relacionado con el hurto de energía, que en el resto del país es de 17 % en promedio, mientras en el mercado local alcanza 35 %. En eso tiene razón. El fraude de energía debido a la manipulación de redes eléctricas y medidores, así como por el robo de líneas, es una conducta delictiva y corrupta que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia.

En otras ocasiones, y esta no es la excepción, hemos insistido en que la exigencia de los ciudadanos a Air-e frente a la mejora del servicio debe ser firme y perseverante. Pero dejar de pagar, por las razones que sean, conduce a un peligroso círculo vicioso en el que no es legítimo escudarse. Si cada vez más usuarios evaden su compromiso de pagar por la energía recibida, la continuidad del servicio no será sostenible y se correrá el riesgo de reeditar la pesadilla de la liquidada Electricaribe. Esta empresa nefasta, además de ser incapaz de honrar sus obligaciones de invertir en infraestructura y actualización de redes, subestaciones o equipos para asegurar la confiabilidad del sistema, se quedó con $211 mil millones de subsidios –destinados a aliviar el valor a pagar por usuarios de estratos 1 y 2– con los que ‘maquilló’ sus pérdidas. Una ‘jugadita’ millonaria a la que la Contraloría General le puso la lupa hace cuatro años y que recuperará hasta el último peso, sostiene el ente de control, con una garantía bancaria vigente y cobro coactivo. Que no les tiemble la mano para exigir la devolución de estos recursos del Fondo de Energía Social, FOES, que deberían ser reinvertidos en alivios para los más pobres.

Frente al incremento, Air-e está en la obligación de cobrar lo estipulado por la ley, de revisar cada caso y de tramitar las quejas de los usuarios. Al mismo tiempo, debe seguir detectando irregularidades en contadores o conexiones fraudulentas porque no es tolerable que justos paguen por pecadores. Es entendible el argumento de subir la tarifa para realizar inversiones en un sistema que acusa rezagos. Nadie lo cuestiona. Pero las alzas no se compadecen con la lenta recuperación y fragilidad socioeconómica de miles de familias y negocios de la región que siguen atravesando serias dificultades. El Gobierno nacional debería, al menos, ofrecer las explicaciones del caso en vez de ausentarse del debate que sobre el aumento tarifario y el déficit en los subsidios de energía y gas se citó en el Congreso. Se necesitan canales eficientes de comunicación, así como soluciones de emergencia, no evadirse de una realidad que asfixia al Caribe.