Colombia, principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, da un paso histórico para dignificar la vida de más de 1,7 millones de estas personas residentes en nuestro país que podrán acogerse a los beneficios del Estatuto Temporal de Protección, una inédita medida de alcance político y sobre todo de incalculable trascendencia humanitaria que se convierte en ejemplo a nivel global. No en vano este gesto emblemático, ampliamente reconocido por gobiernos y organismos internacionales, ha sido calificado como “valiente, solidario y generoso”.
Realmente lo es. Como el resto del mundo, Colombia afronta los efectos de las crisis sanitaria, económica y social por la covid-19 que elevó el índice de pobreza al 42,5 % y disparó el desempleo al 15,9 % en 2020. Sin embargo, el Gobierno, sometido a un test severo por cuenta de la pandemia, no desistió en su propósito de seguir adelante con su iniciativa de regularizar a cerca de un millón de venezolanos indocumentados, el 56 % del total de ciudadanos del vecino país asentados en territorio colombiano. De ellos, la gran mayoría se encuentra en Bogotá, Norte de Santander y Atlántico – en este último viven más de 162 mil migrantes a corte del 31 de enero de 2021, el 9,32 % de los venezolanos radicados en Colombia –.
En un éxodo sin precedentes en la región, cerca de 6 millones de venezolanos huyeron del hambre, la miseria y la violencia que soporta su nación sacudida por una debacle económica e institucional que no cesa, y continúa agravándose debido al impacto de la emergencia sanitaria. Buscando oportunidades de trabajo e ingresos para enviar a sus seres queridos, esta población vulnerable arriesgó su vida cruzando por pasos irregulares en la extensa frontera. Una parte logró resolver su situación migratoria e integrarse al mercado laboral, pero la gran mayoría se fue quedando excluida social y económicamente por la falta de documentos, y expuesta a fenómenos de criminalidad, informalidad, explotación y discriminación, especialmente en el caso de las mujeres.
El nuevo estatuto permitirá a quienes se acojan a él superar la condición de irregularidad para obtener beneficios del Estado – salud, plan de vacunación o inclusión a la vida productiva –mientras aportan con su trabajo al régimen de seguridad social y contribuyen a la reactivación de la economía. La fase que se inició con la apertura del Registro Único de Migrantes para caracterizarlos de forma virtual es la puerta de entrada de un sistema que les otorgará un permiso temporal permanente durante 10 años y una tarjeta que los identificará como ciudadanos sujetos de derechos y deberes en su país de acogida.
Este acto de solidaridad ofrecerá garantías a los migrantes para desarrollar un proyecto de vida en Colombia con sus familias, e incluso quedarse de manera indefinida, optando por una visa de residencia, como lo hicieron miles de compatriotas durante décadas tras haber viajado a Venezuela. La migración es imparable. Un fenómeno de movilidad humana que no conoce límites, y antes de ser reprimido debe ser gestionado para obtener lo mejor de sus múltiples provechos no solo en temas económicos, sino sociales al eliminar las barreras para formalizar a los trabajadores venezolanos fortaleciendo la fuerza laboral del país.
Colombia, una nación generosa al acoger a esta numerosa población, no ha recibido el respaldo comprometido por la comunidad internacional en materia de donaciones. Esto debe cambiar de cara a la puesta en marcha del estatuto que demandará en sus inicios costos fiscales adicionales en un complejo momento financiero. Aunque en el mediano plazo se revertirán los beneficios, hoy se necesita apoyo para consolidar este ambicioso proyecto destinado a transformar la vida de una comunidad que no puede seguir al borde del abismo.
