En Chorrera, corregimiento de Juan de Acosta, uno de los municipios costeros del Atlántico, el agua comenzó a escasear de la noche a la mañana para enorme disgusto de sus residentes que pocos años atrás habían dado una lucha ejemplar para contar por fin con un servicio de agua potable digno. El caso del pueblo con acueducto nuevo, pero cada vez con menos agua no resultó una paradoja del fascinante realismo mágico tan propio del Caribe colombiano, sino que terminó convertido en un hecho de viveza y vileza protagonizado por unos sinvergüenzas.

En Chorrera el agua es mucho más que un bien preciado. Sus 1.250 habitantes, buena parte de los cuales aún recuerdan cómo se peleaban a puño limpio sus padres y abuelos por la falta del líquido, celebraron con gran alborozo la inauguración de su acueducto en julio de 2014, poniendo fin a una espera de más de varios siglos para ver al agua saliendo de los grifos de sus casas. ¡Casi nada! La Gobernación del Atlántico y Triple A resolvieron la deuda histórica con esta comunidad que debió abastecerse durante décadas de agua extraída de pozos construidos en sitios estratégicos de los alrededores, o incluso movilizada desde Barranquilla.

En pie de lucha por lo que tanto les había costado obtener, los chorreranos elevaron su voz de protesta y hasta bloquearon vías exigiendo soluciones. Las autoridades no tardaron mucho en identificar a dónde se estaba desviando el agua suministrada por el Acueducto Regional Costero. En centros recreacionales, fincas, hoteles y caballerizas de la zona, operarios de Triple A encontraron conexiones ilegales captando el agua potable destinada para el consumo de los habitantes del corregimiento, la cual era utilizada para llenar piscinas, regar cultivos, dar de beber a los animales, e incluso para construir viviendas.

El Acueducto Regional Costero no estaba fallando, tampoco el bombeo desde la estación Delicias en Barranquilla había dejado de funcionar: al agua de Chorrera se la estaban robando grandes predios que mediante acometidas fraudulentas se habían conectado al sistema. Estos ni siquiera eran clientes de la empresa de acueducto y alcantarillado, es decir, no pagaban ni por un consumo básico al no estar registrados en su base de datos. Una situación a todas luces repudiable, no solo porque es un acto rastrero que afecta la calidad de vida de poblaciones de la ruralidad del Atlántico, las más vulnerables del departamento, sino que constituye en sí mismo un delito, el de defraudación de fluidos, que debe ser judicializado y sancionado por los organismos competentes.

Lady Johana Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, aseguró a EL HERALDO que este no es un caso aislado. Por el contrario, con Triple A han detectado más de 180 puntos de fraude en el departamento, donde inescrupulosos usan el agua de la gente para su beneficio propio burlándose de todos, y lo que es aún peor desperdiciándola porque las conexiones irregulares producen pérdidas por las fugas que generan, las cuales son realmente difíciles de identificar debido a la topografía de zonas rurales. Indigna saber que agua tratada, en la que se han invertido importantes recursos, termina en arroyos o canales, en vez de satisfacer las necesidades de personas que la demandan, sobre todo en plena emergencia sanitaria.

Pasar de las palabras a los hechos, y puntualmente al desmantelamiento de estas acometidas fraudulentas, como se está haciendo con la Policía en el sector que comunica a Chorrera con Usiacurí, es un primer paso para detener este tipo de irregularidades. La denuncia ciudadana es otro. No puede ser que personas que no conocen límites ni miden las consecuencias de sus actos se salgan con la suya poniendo en jaque a comunidades enteras. Como los chorreranos nos demostraron, el acceso a los servicios públicos es un derecho colectivo que el Estado debe garantizar sancionando a quienes intentan impedirlo. Su ejemplo es digno de reconocimiento.