La voracidad de individuos sin escrúpulos, bandidos y siniestros, reconvertidos en contratistas del Estado, no conoce límites y en el peor tiempo, el de la pandemia, vuelve a mostrar su cara más miserable, por decir lo menos, al involucrar en hechos de corrupción a menores de edad fallecidos, a los que hacían pasar como beneficiarios del Programa de Canastas Nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cobrar por alimentos que nunca entregaban, desviando recursos públicos.
La Contraloría General de la República puso al descubierto un entramado de multimillonarios contratos en 9 departamentos del país, entre ellos Atlántico, donde están las mayores alertas, La Guajira, Chocó, Nariño, Antioquia y la ciudad de Bogotá, alrededor de las raciones alimenticias destinadas a menores entre cero y cinco años y a madres gestantes inscritos en este programa del instituto, que flexibilizó sus condiciones de contratación para dar respuesta a las necesidades de la población vulnerable en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.
Según el ente de control, los operadores entregaron 28 mil raciones durante los meses de mayo, junio y julio a cerca de 15 mil 600 beneficiarios o acudientes que aparecen como fallecidos en la base de datos de la Registraduría. También se detectaron situaciones en las que menores de edad, reportados como muertos, son suplantados por otros beneficiarios, que usan sus documentos de identidad, para recibir lo que les correspondería.
Otra insólita modalidad es la de acudientes con múltiples beneficiarios, como el caso de un hombre en Valle del Cauca que dijo ser tío político de 134 personas, o una mujer en Chimichagua, Cesar, que aseguró ser la mamá de 172 niños. ¿A quién le cabe en la cabeza semejante despropósito? Sin duda, esta señora debe aparecer en el libro de los Record Guinness como una de las madres más prolíficas del mundo. A otro perro con ese hueso: en Colombia, tristemente, todo es posible y la recursividad de los delincuentes parece infinita.
En total, se establecieron 69 alertas, es decir, 69 contratos, cada uno de los cuales debía entregar miles de raciones en las regiones donde hacen presencia los operadores. Por ejemplo, en Atlántico, se reportaron 6.890 raciones de alimentos para 3.595 fallecidos; en La Guajira, fueron 4.548 para 2.167 fallecidos; en Magdalena, 1.981 raciones se distribuyeron entre 992 fallecidos y en Sucre, 1.062 raciones de alimentos se entregaron a 643 personas muertas. Si se tiene en cuenta que cada ración está por el orden de los $80 mil, el festín que se dieron estos contratistas del Bienestar Familiar, en detrimento de los recursos públicos, es mayúsculo.
El instituto indicó que pidió acompañamiento de la Contraloría General en la fase inicial del proceso para blindar las entregas y evitar que los contratistas encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias se quedaran con estos recursos. Pero, ‘hecha la ley, hecha la trampa’ y frente a estos escandalosos hechos, la Contraloría debe seguir auscultando, revisando contrato por contrato, entrega por entrega, lo correspondiente a los más de 4 billones de pesos repartidos a 2.085 contratistas en el país. Fiscalía y Procuraduría también tienen que actuar sin dilaciones.
Urge llegar al fondo de estas irregularidades. Que el anuncio del presidente Iván Duque de denunciar penalmente cada caso y activar las nuevas estrategias del instituto para definir la trazabilidad de los contratos no se quede solo en palabras. Resulta prioritario conocer la identidad de estos contratistas, dimensionar el alcance de sus actos criminales para perseguirlos y llevarlos ante la ley y sobre todo, hay que cercarlos mediante el trabajo conjunto de la institucionalidad para evitar que sigan burlándose del Estado y lucrándose con el dinero dirigido a la niñez más desfavorecida. Esto no puede seguir pasando.
