La violencia es una maldición que en Colombia está lejos de terminar, mientras continúe promoviéndose el cruel desprecio hacia la vida de los pobres, negros, indios, campesinos, niños, jóvenes, mujeres, población LGBT… y un largo listado de personas vulnerables, a quienes el Estado nacional y territorial no les ofrece mínimas garantías de protección y condiciones de vida digna.

Abrumadora resulta la indefensión de millones de ciudadanos, especialmente de regiones históricamente martirizadas por todo tipo de violencias: sur de Bolívar y Córdoba, Magdalena Medio, Catatumbo, Andén Pacífico, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, Putumayo, entre otras sometidas a disputas territoriales entre grupos armados al margen de la ley enfrentados por el control de las economías ilícitas relacionadas con rutas de la droga, minería ilegal, tráfico de gasolina y hasta trata de personas.

En los últimos 12 días, 33 personas fueron asesinadas en 6 masacres, la mayoría de ellas en el suroccidente del país. Una monstruosa escalada criminal que revela la extrema vulnerabilidad existente en los territorios de la Colombia profunda. La pandemia de esta guerra sin fin contra la que no hay vacuna ni doliente acabó con la vida de niños negros y pobres de un barrio donde habitan desplazados en Cali; de jóvenes en Samaniego y Tumaco, Nariño, un departamento cercado por los violentos; de campesinos de El Tambo e indígenas del pueblo awá de Ricaurte, en Cauca, otro importante escenario del conflicto armado; y de 5 hombres en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela.

Luego de los hechos violentos, el miedo y el dolor arrinconan a las familias de los asesinados y a sus comunidades forzándolas a desplazarse o confinarse. Viacrucis de muchas regiones que reclaman más respaldo institucional, inversión social y oportunidades de legalidad y seguridad. Un clamor que también retumba en varios departamentos del Caribe colombiano, donde regresó el miedo por los asesinatos selectivos de sus moradores.

Líderes sociales de los Montes de María denuncian los crímenes de al menos 10 personas en los dos últimos meses bajo la misma dinámica delictiva: hombres armados ubican a sus víctimas y mediante amenazas se las llevan para matarlas. Ocurrió en Zambrano y en la vereda Caño Negro de Carmen de Bolívar, donde grupos criminales como el Clan del Golfo, herederos del paramilitarismo, revestidos por el poder de las armas, regresaron a tomar posesión de la zona. Entre sus víctimas, Enrique Medina, un reclamante de tierras. Su crimen desencadenó el desplazamiento de 37 familias.

En la vereda La Cabaña de San José de Uré, sur de Córdoba, 67 familias también se desplazaron, luego del asesinato de 3 personas. Los integrantes de este escuadrón de la muerte visitaron una a una las casas de la población para darles un ultimátum: o se marchaban o serían decapitados. Nadie ha vuelto. ¿Cómo hacerlo? ¿Acaso las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Los Caparros abandonaron la zona?

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo revela la violencia que acecha a los habitantes de 23 corregimientos y 81 veredas de El Carmen de Bolívar, donde los reclamantes de tierras se encuentran en la mira de los armados ilegales, que con sus actos criminales demuestran estar dispuestos a defender, a sangre y fuego, a los mayores despojadores de estos territorios, los llamados señores de la guerra. Efecto de la crisis que atraviesa la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión por los incumplimientos del Estado.

A la eterna disputa por la tierra, se suma la lucha por el control territorial entre las facciones ilegales que sentencian a muerte a quienes se resisten a integrar sus cuadrillas de terror. La pobreza, siempre por encima de cualquier registro oficial, empuja a los jóvenes a convertirse en carne de cañón de esta maldita guerra, causa y consecuencia de un inacabable círculo vicioso por la falta de opciones para llevar una vida legal y en paz. ¿Víctimas o victimarios? Un dilema difícil de entender.

La vida está en creciente peligro y no solo por el riesgo de la expansión de la Covid que sigue ahí. Si la nación entera, incluido el Gobierno, se movilizó de manera extraordinaria contra el virus, ¿por qué no hacerlo de la misma manera por la pandemia de violencia que se está saliendo de control? Duele Colombia.