Cerca de mil mujeres se dedican a actividades agropecuarias en el país, según indica un estudio del Ministerio de Agricultura que, antes de la pandemia, había revelado un dramático panorama acerca de las muy precarias condiciones de vida de estas colombianas, que representan el 47% del total de la población rural del territorio nacional.

El análisis confirma las enormes brechas de género que existen en el campo y que terminan sometiendo a las mujeres rurales a interminables círculos viciosos de pobreza, desigualdad y violencia. Las cifras hablan por sí solas.

La participación de la mujer en el campo es de 39,1% frente a un 75% de los hombres. A pesar de tener un mayor nivel de escolaridad, 5,4 años versus 4,9 del género masculino, las mujeres trabajadores en el sector agro tienen un promedio de ingresos mensuales de $339.000 frente a $576.000 de los hombres.

Una evidente exclusión social y económica, a la que lamentablemente hay que añadirle el alarmante incremento en los índices de violencia intrafamiliar que se registran en el campo. Entre 2015 y 2018, el aumento fue de 40,9%, mientras el promedio nacional fue de 3,0%. Garantizar su seguridad y protección, además de contribuir a superar con inclusión y equidad la extrema vulnerabilidad económica y la indefensión que afrontan las mujeres rurales y sus hijos es uno de los primeros grandes retos que tiene el Estado, el sector privado y la sociedad entera que deben articularse, con metas definidas y medibles, en una gran estrategia nacional para empezar a saldar la impagable deuda que existe con estas colombianas invisibilizadas de manera histórica, a pesar de ser en gran medida el sostén de los campo del país, martirizados por la violencia y la pobreza.

346 mil mujeres derivan su sustento y el de sus familias de la producción agrícola en la Región Caribe. Muchas de ellas, que no cuentan con ninguna protección ni acceso a seguridad social, forman parte del escandaloso 87% de población informal registrada en las zonas rurales del país. La pobreza monetaria de la mujer rural en la Costa es del 44,7%, menos del 5% recibe asistencia técnica o acceso a crédito y tampoco son tenidas en cuenta en las decisiones de producción.

Ahora que la pandemia amenaza con profundizar aún más la pobreza y la exclusión social de las mujeres del campo, es prioritario reforzar los alcances de la oferta institucional que contempla el Pacto por la Equidad de la Mujer Rural, liderado por la Vicepresidencia de la República, y que, con el apoyo de gremios de sector agropecuario, le apuesta a desarrollar capacidades para convertir a las mujeres del campo en propietarias y en emprendedoras.

De esta manera, podrán liderar y echar a andar sus propios proyectos e iniciativas buscando que sean estables, rentables y autosostenibles para obtener los ingresos requeridos para su manutención y el de sus hijos, mientras consolidan una autonomía financiera que rompa cualquier malsana dependencia económica y les garantice una vida digna y libre de violencias, en la que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Cómo hacerlo posible? La hoja de ruta está definida, pero se requiere voluntad política y compromiso del nivel central, fortalecimiento de la institucionalidad a favor de las mujeres, el desarrollo de instrumentos en los gobiernos locales para atraer inversión nacional y extranjera que estimule la conversión de las mujeres rurales en pequeñas empresarias agroindustriales con más oportunidades de generación de ingresos y empleo, el acompañamiento de la empresa privada en temas de comercialización y del sector financiero para respaldar su inclusión.

Si no se apoya y acompaña a las mujeres rurales para que logren empoderamiento económico, un paso fundamental, para eliminar las odiosas brechas de género, el campo se quedará solo y envejecido y eso no se puede permitir.