Parece el cuento de nunca acabar en La Guajira.
En los últimos ocho años han desfilado por el departamento 10 gobernadores, entre elegidos y encargados, en una profunda crisis institucional donde la corrupción ha sido la principal protagonista.
Pues bien: resulta que la Procuraduría General acaba de suspender al undécimo de la lista, Wilbert Hernández, a quien el presidente Duque había encargado la Gobernación, a partir de una terna propuesta por los partidos de la U y Conservador, tras la condena de su antecesor, Wilmer González, por fraude electoral.
La Procuraduría ha tomado su decisión por las presuntas irregularidades en un convenio de bilingüismo, por más de 11 mil millones de pesos, que Hernández suscribió horas antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías.
La Procuraduría Regional de la Guajira, alertada por esta contratación, ordenó una primera práctica de prueba. Esta incluyó una visita a la dirección en Cúcuta que la empresa adjudicataria registró en el Ocad Regional Caribe, entidad que aprobó la financiación del proyecto con recursos del Sistema General de Regalías. Pero la Procuraduría no logró ubicar la dirección aportada, tras lo cual trasladó el caso a Bogotá.
El Ministerio Público, además de ordenar la suspensión del gobernador encargado, ha ampliado las indagaciones para establecer si hubo una actuación ilegal y valorar, en ese caso, el detrimento al erario. Para ello ha solicitado, entre otras cosas, información sobre la empresa contratista, Niu Telco S.A.S. Al mismo tiempo ha extendido la investigación al gobernador de Norte de Santander, que también habría contratado a dicha empresa.
El suspendido gobernador encargado de la Guajira tiene, como todo ciudadano, el derecho a la presunción de inocencia, y tendrá la posibilidad de defenderse tanto en el proceso que le ha abierto la Procuraduría como en las ramificaciones judiciales que podrían derivarse del caso.
Sin ánimo de interferir en los procesos, consideramos que firmar un convenio de esta cuantía a punto de entrar en vigor la Ley de Garantías es, cuanto menos, llamativo. Sobre todo cuando hablamos no de un tema de urgencia manifiesta, sino de un supuesto programa de educación bilingüe, el cual, por útil que sea el aprendizaje de nuevos idiomas, no parece un tema de la máxima prioridad en una tierra tan castigada como La Guajira.
A propósito, ¿no debería también la Procuraduría averiguar por qué el Ocad Regional aprobó la financiación de dicho programa con recursos de las regalías, que, en principio, deberían canalizarse de manera preferente para atender las necesidades más básicas? Es solo una sugerencia.
