Como si los ánimos no estuviera ya suficientemente crispados en nuestro país, la extradición de Andrés Felipe Arias, tras un largo tira y afloja con la justicia estadounidense, promete elevar aun más la temperatura al clima político nacional.
Un pequeño anticipo de las tensiones que puede generar el caso lo vimos ayer mismo por cuenta del sitio donde el exministro del gobierno de Uribe debe permanecer recluido. Un juez ordenó su traslado a la cárcel La Picota, pero dejó la decisión final a criterio del Inpec, que lo mantuvo en la mucho más cómoda Escuela de Caballería.
Arias debe cumplir una condena de 17 años que le impuso en 2014 la Corte Suprema por un escándalo de corrupción en torno a Agroingreso Seguro (AIS), del que se beneficiaron algunos prósperos propietarios de tierras. En su fallo, el tribunal no encontró pruebas de que Arias se hubiera enriquecido personalmente con el negociado; no obstante le impuso una pena severa que muchos consideran, con o sin razón, desproporcionada.
Desde el uribismo se sostiene que Arias es víctima de una persecución política que habría que enmarcar en la supuesta animadversión de la Corte hacia el expresidente Uribe. Este argumento omite, sin embargo, que el proceso que condujo a la condena se activó por una denuncia demoledora de la entonces fiscal general Vivianne Morales, y que el entonces procurador general Alejandro Ordoñez ordenó a su vez la destitución e inhabilidad de Arias por 16 años.
Tanto Morales como Ordóñez son hoy embajadores del Gobierno de Duque, lo que, aun aceptando que existan tensiones entre la Corte y Uribe, resta contundencia al argumento de la persecución política.
El Centro Democrático ha presentado al Congreso un proyecto legislativo que establece la doble instancia retroactiva en la Corte. Esta figura, que cuenta con el aval de la Corte Constitucional, podría abrir a Arias una vía de salvación.
Deja cierto mal sabor de boca que se impulsen leyes con el ánimo de solventar casos específicos, máxime cuando Arias huyó en su momento del país –en lo que parece ser un deporte nacional– para no afrontar su responsabilidad judicial. Pero lo que importa ahora es que se atemperen los ánimos y que el caso continúe su curso sin presiones de ningún bando.
De Andrés Felipe Arias dicen quienes lo conocen que es persona honesta y actuó con buena fe en beneficio del agro, pero que algunos avivatos se aprovecharon del programa que promovió su ministerio. Es posible que así sea y, si el Congreso le allana el camino, tal vez pueda demostrarlo en una segunda ‘ronda’ judicial. De momento, sin embargo, debe cumplir la ley y acatar la sentencia existente.
