Previendo situaciones de riesgo, y de un desenlace no deseado, las autoridades en el Atlántico acordaron una hoja de ruta y de atención y protección a los líderes sociales, a miembros de juntas de acción comunal y a defensores de los derechos humanos amenazados en esta sección del país.
Son 65 los amenazados y esperamos que el número no aumente y, al contrario, nadie en esta sección del país pueda sentir miedo. El fin de estas estrategias es combatir y evitar por completo las llamadas intimidantes y los panfletos que impliquen cualquier indicio de constreñimiento de la libertad de pensamiento y de servicio, porque esa es la labor real de quienes ahora, con toda razón, temen por sus vidas.
En los municipios del Atlántico hay seis líderes amenazados y 59 en el Área Metropolitana de Barranquilla, cuyos nombres aparecen como objetivos de esas organizaciones violentas expertas en infundir temor para evitar ser señalados por sus delitos o por sus prácticas violentas. Por lo pronto, el anuncio de la conformación de una comisión técnica para documentar los casos de los amenazados demuestra el interés del departamento y del distrito en proteger a sus ciudadanos en mayor nivel de riesgo.
Aunque ya las autoridades han planteado su posición, compromiso y estrategia en estos delicados y deplorables casos, algunos de los afectados expusieron sus inquietudes. Dicen ellos, en sus respetables y muy válidos argumentos, que la evaluación del nivel de riesgo de los amenazados contiene falencias.
Será el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, el que antes del primero de agosto entregue un detallado informe sobre lo investigado y evaluado.
Por lo pronto, hay una sociedad expectante esperando resultados efectivos, no solo para evitar más muertes, sino para dar con los responsables de los hechos que han enlutado a muchas familias del país y de la Región Caribe.
Se ha prometido una muy completa revisión de las hojas de vida de los líderes con el fin de documentar el nivel de riesgo de cada uno de ellos, para así poder tomar decisiones puntuales de manera técnica y explícita. Para eso es importante revisar la trazabilidad de la información con el objetivo de que el número de denuncias se ajuste a la realidad.
La opinión pública espera resultados efectivos y concretos en las investigaciones por los asesinatos de Bernardo Cuero y Luis Barrios, cuyas muertes no deben quedar impunes por ningún motivo.
