Como si la campaña para las elecciones presidenciales no estuviera ya suficientemente caldeada, un nuevo e inquietante elemento ha entrado en escena: las amenazas de muerte.
En los últimos días, los candidatos Iván Duque y Germán Vargas informaron que habían recibido información de los servicios de inteligencia sobre presuntos planes para atentar contra su vida.
A continuación, Raúl Gutérrez, un cubano detenido en Colombia por supuestos vínculos con el Estado islámico, afirmó en una entrevista radiofónica que tenía el encargo de asesinar a Gustavo Petro y a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.
El último en sumarse a la lista es el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, quien fue informado por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de un posible atentado en su contra, en el que estarían implicados “criminales locales y extranjeros”.
Antes de que trascendiera este último caso, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, había afirmado, en referencia a los tres ya conocidos, que las informaciones existentes sobre esos hipotéticos atentados eran “genéricas”. En cualquier caso, y a modo preventivo, el Gobierno decidió acertadamente reforzarles los esquemas de seguridad. Como, por cierto, se ha ofrecido a hacer en lo que respecta a las amenazas contra el expresidente Uribe.
Más allá de los grados de concreción en que estuvieran los distintos proyectos criminales al momento de detectarse, todos merecen la repulsa unánime de la sociedad colombiana.
En estas horas de extrema confusión, los ciudadanos debemos evitar la tentación de otorgar a unas amenazas más credibilidad o importancia que a otras, según el prisma ideológico de cada cual. Cualquier asomo informativo sobre planes para doblegar nuestra democracia debe ponernos colectivamente en el máximo estado de alerta y obligarnos a deponer nuestras diferencias para formar un bloque monolítico contra los violentos.
Son las autoridades las responsables de investigar el nivel de verosimilitud o de desarrollo de cada uno de los planes de magnicidio y de castigar con todo el peso de la ley a sus promotores. Asimismo, tienen la responsabilidad de redoblar los sistemas de seguridad, con el fin de que las amenazas, por vagas que puedan parecer, no lleguen a concretarse.
Los ciudadanos, por nuestra parte, tenemos el deber de mantenernos unidos ante los planes de desestabilización y evitar que se enturbie aun más la atmósfera ya cargada en que discurre el proceso electoral. Lo peor que podemos hacer es diferenciar entre amenazados ‘propios’ y ‘ajenos’.
