La noticia no puede ser más alarmante: la justicia ha ordenado la libertad por vencimiento de términos de Brayan Eduardo Borré, presunto jefe de la organización ‘Rastrojos Costeños’, señalado de la comisión de 145 crímenes en Atlántico y Bolívar.
Tal como reveló EL HERALDO en su edición de ayer, el juez 13 de Control de Garantías de Barranquilla tomó la decisión al excederse el plazo de 240 días sin que se se hubiera abierto el juicio oral a Borré, conocido como ‘Tío Guillo’.
Una vez más, la ciudadanía asiste atónita a un caso de negligencia de la justicia. En esta ocasión, un caso especialmente aberrante si se considera la dimensión del prontuario delictivo del recluso.
Es preciso subrayar que la libertad por vencimiento de términos no es un beneficio que se otorga al acusado, sino un derecho consagrado por la Constitución cuyo objeto es impedir que un detenido padezca dilaciones indefinidas de su proceso.
Es probable, en ese sentido, que la actuación del juez de garantías haya sido impecable. Que el togado se haya limitado a verificar que los tiempos para iniciar el juicio a Borré se excedieron, de modo que no quedaba otra opción que ordenar su puesta en libertad.
El interrogante es por qué el juez séptimo penal del circutito que lleva en Bogotá la causa contra ‘Tío Guillo’ permitió que dichos plazos se agotaran. Seguramente escucharemos por enésima vez el argumento de que no hubo falla de los jueces y fiscales, sino que estos están sobrepasados por el volumen de procesos que llegan a sus despachos. Y, si nos atenemos a situaciones similares ocurridas en el pasado, saldrán funcionarios y políticos a prometer con grandilocuencia más recursos para la justicia.
Pero, por muy atareados que estén los despachos judiciales, resulta difícil, por no decir imposible, aceptar que no se le hubiera dado prelación a un expediente tan terrorífico como el de Borrás. Que no hubiesen saltado las alarmas cuando los plazos corrían el riesgo de agotarse.
Al cierre de esta edición, el presunto jefe de los ‘Rastrojos Costeños’ permanecía en el complejo penitenciario de Jamundí (Valle del Cauca), esperando la notificación oficial de su prevista libertad.
No vamos a cuestionar este derecho. Lo que sí podemos es preguntar a las autoridades concernidas si existe aún algún recurso legal que evite la salida de prisión de tan peligroso individuo. Y, por encima de todo, podemos exigir respuestas y asunción de responsabilidades a los que hayan participado en la cadena de dilaciones y desidias que ha llevado las cosas hasta este terrible desenlace.
