Una vez más nos vemos obligados a referirnos al caso de los 58 colombianos –casi todos costeños– detenidos en Caracas desde hace 15 meses por supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La dramática situación de estos compatriotas ha trascendido a la opinión pública gracias a la incansable labor informativa que viene desarrollando desde hace varios meses EL HERALDO. Sin embargo, ahí siguen presos, en condiciones inclementes, sin que hasta el momento les hayan formulado cargo alguno. Y pese a una orden de libertad plena dictada por una juez venezolana el 21 de noviembre pasado.
Las autoridades venezolanas no solo han ignorado olímpicamente el fallo judicial, sino que, según ha conocido este diario, los detenidos se encuentran en estos momentos aislados, sin posibilidad de recibir vistas de familiares o amigos.
Que el régimen de Maduro actúe de manera arbitraria o se burle del Estado de derecho no debe causar mayor sorpresa. Aquí la madre de todas las preguntas es qué está haciendo el Estado colombiano para proteger en este caso los derechos de sus ciudadanos.
Días atrás, la Procuraduría General de la Nación exigió a la Cancillería un informe sobre sus gestiones por los detenidos en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que ha emprendido “60 acciones” en este asunto. Este diario ha solicitado a ambas instituciones, infructuosamente, dicho reporte, lo cual resulta, cuanto menos, incomprensible en un Estado que alardea de transparencia.
Sea cual fuere el contenido del informe, lo cierto es que, más que demostrar un abnegado celo de la Cancillería por sus compatriotas, denota una enorme incapacidad para solucionar el problema. ¿Dónde está el resultado de las “60 acciones”?
Entendemos que nuestra diplomacia no puede reaccionar impulsiva o irresponsablemente ante otro gobierno, menos si es de un país con el que Colombia mantiene unos lazos históricos de hermandad. Pero una cosa es actuar con responsabilidad y otra, muy distinta, pasar agachado ante los problemas, sobre todo si están relacionados con los derechos humanos. ¿Ha protestado el Gobierno? Si es así, que lo diga.
No conocemos las biografías de los detenidos. No sabemos si, como lo afirmó en su día Maduro, son paramilitares que pretendían derrocarlo. Ignoramos si tienen o no oscuros pasados. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no les han imputado cargo alguno, que ellos se consideran víctimas inocentes de una persecución y que la justicia venezolana ordenó su libertad. Y, sobre todo, que son seres humanos con derechos.
