La decisión de la Corte Constitucional de mantener por tres periodos presidenciales, es decir por 12 años, el blindaje jurídico que el Congreso le dio al pacto de paz con las Farc, es la más trascendental que se ha tomado sobre el acuerdo tras su firma.
El espaldarazo del alto tribunal le dio de inmediato alas al Gobierno, que ayer, en cabeza del propio presidente Santos, le recordó al representante Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, que “los acuerdos son para cumplirlos”, ante su oposición a varios puntos de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El fallo se tomó por unanimidad, lo que sorprendió a los analistas, ya que hasta hace unos meses había divisiones entre los nueve magistrados sobre el alcance del blindaje.
Sin embargo, la decisión destaca que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el acuerdo final”.
Esto significa, en plata blanca, que durante los próximos tres gobiernos, sin importar el partido al que pertenezca el presidente, no se podrá modificar lo acordado con las Farc.
La Corte afirma que este artículo, el número dos del Acto Legislativo 02 de 2017, añade “un principio de estabilidad y seguridad respecto de lo acordado”.
Sin embargo, la Corte estableció que el acuerdo de paz no formará parte de la Constitución, lo que había suscitado críticas desde distintos sectores de la sociedad.
A pesar del respaldo de los magistrados, la reglamentación del acuerdo tendrá que seguir siendo debatida y aprobada por el Congreso, como ocurre actualmente con la JEP.
Lo anterior también implica que las entidades estatales tienen opciones para escoger la forma en que se llevará a la práctica lo acordado con la guerrilla, un “margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido”.
Como era de esperarse, la decisión de la Corte alborotó aún más el avispero político en el país, luego de la salida de Cambio Radical de la coalición de gobierno por discrepancias con el acuerdo de paz. Precisamente, el representante Rodrigo Lara es miembro de ese grupo político.
Santos le precisó al congresista, en una reunión en la Casa de Nariño, que nada de lo sustancial del acuerdo puede modificarse, tras conocerse el fallo de la Corte.
Ahora bien, que el pacto final quede blindado no asegura que su implementación vaya a estar exenta de dificultades. El Gobierno se ha asegurado un balón de oxígeno tras su reunión con el Fiscal General en torno a la JEP, pero el uribismo y, en ciertos puntos Cambio Radical, seguirán dando la pelea contra un acuerdo que no acaban de digerir.
