En un desafío para las instituciones se ha convertido la propuesta de la principal banda criminal del país, el ‘Clan del Golfo’, de someterse a la justicia. De concretarse, serían unos 3.000 hombres los que entregarían sus armas y se comprometerían a cesar sus actividades ilegales a cambio de beneficios similares a los que reciben los ex combatientes de las Farc.
La propuesta de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, líder de esta organización criminal, se conoció esta semana luego de que el Gobierno anunciara la muerte de alias ‘Gavilán’, el número dos de la banda que ha sembrado el terror en distintas regiones. Con uniforme militar, el hombre más buscado del país, por el que se ofrecen 5 millones de dólares de recompensa, se presentó en un video como comandante general de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y manifestó su voluntad de consolidar la paz entre los colombianos, “haciendo parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”.
‘Otoniel’ aseguró que las actividades de su organización terminarán cuando se alcance “una salida digna y voluntaria” para sus hombres. No es la primera vez que el ‘Clan del Golfo’ busca un acercamiento con el Gobierno para someterse a la justicia con una salida negociada, pero sí la más concreta. Sin embargo, el tema ha abierto el debate ético y jurídico sobre las consecuencias de una entrega masiva de integrantes de una banda dedicada exclusivamente a actividades criminales.
Aunque esta situación no figura en el Código Penal colombiano, el acuerdo de paz con las Farc abre una puerta para el sometimiento de este tipo de organizaciones. Pero fue el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien le salió al paso a la propuesta de ‘Otoniel’ y reiteró que ese tipo de desmovilizaciones no están contempladas en la legislación actual.
Para hacerlo, el Gobierno y la misma Fiscalía deben tramitar ante el Congreso el cambio normativo que permita el sometimiento de las bandas criminales, lo que podría hacerse por la vía del fast track.
El tema ha encendido el debate no solo entre partidarios y detractores del Gobierno Nacional, sino entre analistas y connotados juristas, ya que varios de ellos cuestionan la decisión de abrir un ‘portón’ de ese tamaño a la impunidad.
El otro tema polémico es el mensaje que se le envía a la sociedad ante un escenario de sometimiento masivo de una banda de delincuentes que jamás ha tenido reconocimiento político.
