Después de comprobar que durante el 2009 y 2012, siete empresas de vigilancia y seguridad privada realizaron acuerdos para ganar licitaciones públicas en Colombia por más de $70.000 millones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les impuso multas que superan los $26.000 millones, las cuales incluyen a 17 directivos de dichas empresas.
Según lo explicado por el superintendente Ad Hoc, José Luis Londoño Fernández, la investigación de la entidad permitió establecer que las empresas Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig y Security Management Group conformaron la organización empresarial Grupo SMG 'con el fin de manipular a través de prácticas anticompetitivas numerosos procesos de contratación estatal'.
El grupo que era manejado por Jorge Arturo Moreno Ojeda ganó con prácticas anticompetitivas licitaciones de 14 entidades públicas, entre ellas de la Alcaldía de Barranquilla. Las otras entidades son: Fiscalía General de la Nación, el ICBF, Coldeportes, Sena, Fuerza Aérea Colombiana, Alcaldía de Chiquinquirá, ICA, Emcali, Corpochivor, Cornare y las secretarías de Planeación y de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.
El superintendente aclaró que las conductas investigadas 'no involucran a funcionarios públicos'.
El sistema usado por el denominado ‘cartel’ de la vigilancia privada consistía en que las empresas participan en licitaciones simulando que eran competidoras independientes cuando realmente actuaban de manera coordinada y concertada, con la dirección y control oculto de Moreno Ojeda.
La investigación de la SIC comenzó desde 2011 cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reveló los acuerdos entre las empresas Starcoop y Guardianes para ganar una licitación de la entidad en ese año.
A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas y comenzó una investigación que fue desarrollada entre el 2012 y 2013. Este proceso incluyó visitas de inspección a las empresas involucradas y permitió el hallazgo de documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual de entidades públicas que evidenciaron las estrategias anticompetitivas.
Es así como se comprobó la existencia un sistema creado y ejecutado por las empresas investigadas orientado a limitar la libre competencia al participar en procesos de contratación públicos, bajo la coordinación de Moreno Ojeda.
Contra la medida de la Superintendencia procede recurso de reposición.
