En días pasados el noticiero de una cadena de televisión informó en su franja nocturna que ciudadanos e indígenas se enfrentaron en la ciudad de Cali. De inmediato millones de televidentes se preguntaron: ¿son ciudadanos los indígenas? Aunque la respuesta desde lo normativo parezca evidente en un sentido amplio podemos apelar a lo dicho por el sociólogo francés François Dubet: la ciudadanía no es un concepto unívoco, es, por el contrario, polisémico y debe ser desentrañado en cada tiempo y lugar determinado. La ciudadanía está siempre en construcción.
Los antiguos griegos veían al ciudadano como alguien comprometido con los asuntos del Estado. La palabra idiota proviene justamente del ciudadano egoísta que limitaba su interés al campo de lo privado y no se ocupaba de la suerte de su ciudad. El ciudadano tenía el deber de participar activamente tanto en tiempos de guerra como en los de paz. Debía tomar partido en el debate acerca de los asuntos públicos y era impensable su indiferencia o su neutralidad. Para los antiguos romanos la “res pública” es entendida como una cosa común que pertenece al pueblo. La ciudadanía conllevaba un conjunto de derechos entre ellos el de poder ocupar los cargos de carácter público ya fuesen políticos o religiosos.
En América la corona española estableció la condición del “vecino con casa y asiento” en una ciudad. El vecino puede elegir al cabildo municipal y este a los alcaldes. Ni los esclavos, ni los indígenas, ni quienes estén de paso son considerados vecinos. Al fundar una ciudad se buscaban dos cosas: que tuviese una base agrícola para su abastecimiento y que dispusiera de un contorno indígena pacificado. El indígena sometido debía vivir en encomiendas o en pueblos de indios “bajo policía y toque de campana”. Los indios no reducidos serán considerados una amenaza latente sobre el destino de la ciudad cuyos habitantes saldrán periódicamente a pacificarlos.
Al llegar la república esta se impuso la tarea de asimilarlos por la evangelización o por la fuerza. Hasta hoy los indígenas son considerado por los criollos como extraños radicales y su condición se aproxima a la de los extranjeros. Se busca limitar sus derechos y deberes al ámbito de sus resguardos. Cuando ejercen su ciudadanía en las calles se les exige volver a su “hábitat” como si se tratase de extrañas aves migratorias.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Colombia, dice que todos los indígenas tienen derecho a una nacionalidad. En su artículo 33 establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven”. Urge, por tanto, educar a los funcionarios y a los medios nacionales sobre estos derechos y formar a los jóvenes periodistas en temas de comunicación intercultural ante los retos que planteas la multiculturalidad.
Pasados miles de años cobran actualidad las palabras de Aristóteles en su Política cuando afirma “El que es ciudadano en una democracia con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía”.
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