El trabajo es un derecho fundamental y Colombia no es la excepción. Hemos vivido durante las últimas semanas una intensa discusión sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno con diferentes voces, unas a favor y otras en contra. Eso, al fin y al cabo, es la democracia. Un escenario para participar y construir con diferentes perspectivas.

No es menos cierto que a veces el proceso legislativo democrático se ve afectado con posiciones extremas, ideas sin sustento, descalificaciones e intereses ideológicos o políticos. Estos factores debilitan la discusión y desenfocan la verdadera importancia de una reforma que Colombia debe hacer, para de esta forma tener la oportunidad de oro de actualizar sus normas. Lo anterior, buscando mayor productividad, más empleo, más formalidad y derechos para todos; no solamente para quienes ya los tienen.

La dinámica del trabajo ha cambiado significativamente en los últimos años. Pasamos del trabajo en las instalaciones de los empleadores, a trabajos remotos, virtuales, parciales, en fin, ya no es como antes. Ya no existe tampoco esa vocación de permanencia por muchos años especialmente en los jóvenes y muchos no quieren ser empleados sino independientes, libres.

La propuesta presentada por el Gobierno ante el Congreso de la República no refleja del todo la realidad laboral actual de Colombia y en algunos aspectos significa inclusive el retroceso en las políticas públicas respecto del trabajo. Sería importante contar con la participación activa de sectores diversos como por ejemplo el de jóvenes, quienes probablemente lo que esperan de la reforma sean alternativas reales que les permitan flexibilidad, tener varios trabajos a la vez y tiempo para desarrollar otras actividades.

Por otra parte, si bien es cierto que los índices de informalidad en el empleo en Colombia son altos, debe entenderse que la formalidad no es equivalente a una relación laboral. La informalidad consiste en no encontrarse fuera del sistema de seguridad social y pensiones. El trabajador independiente es formal. Es decir, quien no tiene una relación laboral y desarrolla una actividad o ejerce su profesión u oficio puede (y debe) efectuar sus aportes a salud, pensión y riesgos profesionales. Es decir, si bien no son empleados, si desarrollan actividades productivas para terceros y por ello reciben una remuneración que no es necesariamente salario. El ejercicio profesional independiente y la prestación de servicios, debe seguir siendo una herramienta válida y legal.

Ojalá en el Congreso la discusión se amplié en términos de participación y más que ello, se atienda el sentir y la preocupación de algunos sectores, tal como se han atendido las peticiones de las organizaciones sindicales. Junto con la educación, el trabajo constituye la columna vertebral de una sociedad en la que, entre todos, independientemente de las ideologías, contribuyamos al futuro de Colombia.

Abogado y socio–Posse Herrera Ruiz