A principios de 2018, cuando aún era candidato el hoy Presidente de la República, Iván Duque, dijo que para sanear al sistema de salud colombiano “es necesaria, como se ha hecho en otros países, una ley de punto final que diga ¿quién le debe a quién y cuánto? Después de esta ley de punto final, cualquier acumulación de deudas de más de 90 días debe tener una efectiva sanción patrimonial”.
En julio de este año en Bogotá, durante el evento más importante que organiza en el país cada dos años la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), nuevamente se puso sobre el tapete lo que fue esa propuesta de campaña para el sector salud de “la ley de punto final” por parte del hoy primer mandatario de los colombianos, dada la deuda existente entre los prestadores y los pagadores de servicios de salud en este país: para la Asociación de Hospitales y Clínicas la deuda era de $8,4 billones, las EPS decían que está entre en 6 y 7 billones, mientras que para el Gobierno la deuda era de $2,5 billones. Como podía observarse, no había coincidencia en una información que requiere total exactitud para poder enfrentar la problemática de su pago.
En el mes de octubre, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, manifestó en un Foro realizado en la ciudad de Barranquilla que en las 10 semanas que iban del gobierno en ese momento el Ministerio había puesto en marcha la estrategia de construcción de un acuerdo de punto final para las deudas del sector. “Pusimos en marcha un plan de trabajo articulado con el Ministerio de Hacienda para entregar una serie de instrumentos que nos permitirán, en el primer semestre de 2019, lanzar ese esfuerzo sectorial que corta con esa historia de acumulación de deudas”, anunció.
Hace una semana, durante la Audiencia de Seguimiento a la Sentencia T-760 que realiza cada año la Corte Constitucional en la capital colombiana, el director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, manifestó que la deuda que tenían tanto las EPS del contributivo como del subsidiado con las 184 IPS que reportaron la información al citado gremio, es de 9,3 billones con corte al 30 de junio del presente año, siendo más del 60% cartera vencida a más de 60 días. Además, citando fuentes oficiales que tienen presunción de legalidad, agregó que la deuda que se tiene con los hospitales públicos y las IPS privadas, suma $28 billones, cifra que atenta contra la sostenibilidad y la viabilidad de los prestadores de servicios de salud y la misma continuidad de la atención en salud que se da a millones de colombianos en dichas prestadoras.
Por eso, si bien debe reconocerse la gestión del Ministerio de Salud para conseguir $3,8 billones adicionales para el presupuesto de 2019, llegando así a los $32,3 billones, ante el crítico escenario de la billonaria deuda con IPS privadas y hospitales públicos, resultan más que pertinentes y oportunas las palabras que hizo Giraldo en urgente llamado para “conocer el contenido, cronograma y recursos disponibles para la ley de punto final en el sector salud, anunciada por el Presidente Iván Duque durante la campaña electoral”. Entonces, ¿para cuándo el punto final de esta crisis crónica?
