Hoy los colombianos cuentan con una ley emblemática, que empodera a los ciudadanos y a las entidades para acorralar a los corruptos; da herramientas para vigilar los recursos públicos, frenar carteles y carruseles de la ignominia y desmantelar la corrupción: principal arma de destrucción masiva de la confianza pública.
Acabar los contratos a dedo, tener un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, crear un fondo de reparación a víctimas, identificar beneficiarios reales de la contratación pública, evitar la confusión de recursos de diferentes contratos con el Estado, son algunas de las medidas para poner tatequieto a los ladronzuelos, que se lucran infamemente a costa del bienestar de un país.
La Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción (No 2195 de 2022), que sancionó el Presidente Duque el pasado 18 de enero, rompe esquemas y abre una cruzada en prevención, para que, desde los colegios, se instaure una cultura de legalidad e integridad. Desde ahora, los Proyectos Educativos Institucionales deben establecer, de forma transversal, competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público; habrá una cátedra de transparencia en las instituciones educativas y se creará la figura de contralores estudiantiles (ojalá también sea acogida por las universidades), para que se verifique el respeto por los bienes públicos y privados y se entienda la gravedad de “hacerle conejo” a Colombia.
Pero no sólo eso: también acabaremos el derroche a quienes, descaradamente, sacan tajada del presupuesto de la educación, en detrimento de la nutrición de los niños. Quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE– serán inhabilitados y tendrán que reparar a las víctimas, ya que también se crea un fondo con estos fines, para este tipo de casos de corrupción.
Teniendo en cuenta los regímenes de responsabilidad jurídica aplicables en Colombia, se dará un lugar central a los afectados por este delito y se permitirá la imposición de multas para mayor disuasión de las conductas corruptas e indemnizar a los afectados individuales y colectivos de actos de corrupción.
Así mismo, se pondrán en marcha distintos programas de transparencia con el sector privado, dando continuidad a un trabajo que hemos desarrollado con la Secretaría de Transparencia en estos más de tres años. Ello va a permitir, no sólo que se facilite el levantamiento del velo corporativo, sino también que haya un trabajo permanente en la cultura de legalidad que ha planteado el Presidente Duque.
Otra buena noticia es que podremos conocer los beneficiarios finales de las contrataciones. Las entidades que ejerzan inspección, vigilancia y control, o que tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada tendrán acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), que será administrado por la DIAN.
Adicionalmente, aumentaremos controles dentro del Estado, con la creación de un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.
Y quienes van por la vida, atentando contra los bienes públicos -mediante vandalismo, por ejemplo- asumirán ahora responsabilidad fiscal, literalmente, tendrán que pagar el daño ocasionado.
Hemos mostrado la voluntad del Estado, de una Nación, de decir no más a la opacidad, que ha sido el caldo de cultivo de una cantidad de privilegios, de silencios, que han facilitado la acción de los corruptos.
Los colombianos, sin distingo alguno, deben tener claro que ser corrupto no paga, todo lo contrario, ¡se paga ante la justicia! Con esta ley, por fin habrá herramientas definidas para realizar un trabajo integral que nos permita tener un Estado transparente, nítido y robusto, y un país donde no haya cabida a la trampa, que tantos pesares ha causado a Colombia entera.
*Vicepresidenta y Canciller de Colombia
