Un nuevo escándalo tiene como protagonista al contralor Distrital de Barranquilla que fue suspendido por la Procuraduría, con solo 7 meses en el cargo por presuntos actos de corrupción.

La investigación periodística “Historia de la Contraloría de Barranquilla, un verdadero concierto para delinquir”, revela detalles alarmantes sobre el actuar de este funcionario y el de varios de sus antecesores.

Aunque habría distintos aspectos para abordar a partir de lo que se ha conocido, voy a centrarme en la nominación y elección de los contralores, un asunto sobre el que no ha existido consenso desde la creación de la Contraloría, hace 97 años.

Por aquél entonces llegó a Colombia un grupo de expertos en administración pública que propuso remodelar los sistemas monetarios y fiscales. A esto se le conoció como “la Misión Kemmerer”, en honor a su líder.

En el imaginario de Kemmerer, este organismo velaría por el buen uso de los recursos públicos y la ejecución presupuestal. Explicaba que no hacer bien esta tarea impactaría de forma negativa la solución de los problemas que afectan a la población, en especial a la de bajos recursos.

La escogencia del servidor público que dirigiría la entidad era esencial dada la importancia del cargo. Se trataba de un guardián de los dineros del Estado para que no fueran utilizados por los administradores del erario en su beneficio personal.

Al parecer los guardianes de la plata pública de Barranquilla se desviaron dramáticamente de este ideal a juzgar por los antecedentes que se han destapado.

A uno le queda la sensación de que al escoger contralor distrital influyen más las circunstancias político electorales que la búsqueda de un ejercicio técnico de control fiscal, algo que sin duda le está haciendo mucho daño al ejercicio de ese poder.

La cadena de responsables se extiende horizontalmente, todo parece indicar que el contralor no actuaba solo, sino que hacía parte de un engranaje cuyas prácticas colindaban con la extorsión.

Valdría la pena preguntarnos ¿Quién elige a estos personajes? ¿Cuáles son las fallas del proceso para tener estos resultados? ¿Dónde se distorsiona el diseño?

La decisión definitiva ha recaído en el Concejo Distrital. De hecho, por la reciente elección del contralor a 19 de sus miembros se les abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en el proceso.

Hay que lograr que esto no siga sucediendo, una buena forma puede ser que la academia y otras organizaciones celebren alianzas, para conformar veedurías especializadas y de esta forma ejercer control ciudadano.

También observo una oportunidad en la nueva reglamentación expedida en el 2019 para elegir contralores. El Concejo luego de presentar la terna de candidatos deberá publicarla. Este será un espacio valioso para exponer con fundamento, los reparos que se tengan sobre los ternados.

Por último celebro la actitud del gerente de la Triple AAA, quien además de no permitir la intimidación del entonces contralor denunció su actuar. Algo me dice que los precedentes que estamos viendo (recordar el caso del juez de Usiacurí) obedecen a un mismo patrón.

Los ciudadanos, incluso los funcionarios públicos que hacen bien su tarea, empiezan a levantarse de un aparente letargo para impedir más abusos de autoridad. ¿Será que por fin estamos tocando el fondo que nos llevará a despertar?