En épocas de pandemia, sobre todo al principio, los llamaron héroes, fueron recibidos con aplausos y, en la alocución presidencial de las 6 de la tarde se les agradece sin falta por su disposición al ser la primera línea para contener el virus. Pero me temo que todos estos nobles sentimientos se quedan más en las palabras y menos en los hechos.
Finalmente, el amor se demuestra, no se habla así que conviene empezar a ver acciones. Las personas dedicadas a la salud no son héroes destinadas al sacrificio, tampoco son mártires. Son seres humanos como todos nosotros que quieren volver a casa sanos para abrazar a los suyos y por eso como gremio de trabajadores clama por menos elogios y más protección, recordemos que ya son 760 los contagiados y 10 de ellos fallecieron.
La última encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana advirtió sobre las recurrentes expresiones de angustia y ansiedad de este personal. El estudio reafirmó que es común vincularlos a través de ordenes de servicio u otras figuras que nada tienen que ver con el contrato de trabajo. Como si fuera poco, 1 de cada 5 no cuenta con su pago al día y la mayoría asume de su propio bolsillo los elementos de protección.
La COVID-19 ha logrado que el gobierno los escuche a riesgo de un cese de actividades, pues las organizaciones que los representan están decididas a reivindicar sus derechos. Celebro estas acciones, lo considero un buen reflejo de la protesta social y el poder de cohesión que tienen las agremiaciones. Ahora bien, a esta causa que parece estar de moda, se sumó un grupo de políticos con una propuesta enviada al presiente Duque que pretende crear un «Régimen Especial para los Trabajadores de la Salud», la cual encuentro problemática.
La iniciativa busca que el personal de la salud sea vinculado mediante contrato de trabajo, además, que les otorguen primas adicionales cuando presten servicio en zonas alejadas, les concedan pensiones a sus familiares en caso de fallecimiento y les suministren elementos necesarios para realizar sus labores.
Estas garantías no justifican la creación de un régimen especial, sobre todo teniendo en cuenta que desde el año 2005 la tendencia es eliminar estos regímenes. Las pocas excepciones que se mantienen en el país, como fuerza pública o magisterio buscan salvaguardar los derechos adquiridos de un grupo de trabajadores sobre temas pensionales o condiciones de ascenso.
Las peticiones realizadas es lo mínimo que deben tener los trabajadores en Colombia, incluidos los de la salud. Esto se conoce como “trabajo decente” impulsado por la OIT desde 1999. Significa acceder a un empleo en condiciones legales y con ingreso justo, seguridad en el lugar donde labora, protección social para sus familias, libertad para expresar sus opiniones e igualdad para mujeres y hombres.
Aceptar la propuesta de los honorables congresistas sería regresar al siglo pasado, y manda un mensaje equivocado, esto es, que cualquier colectivo de profesionales que aspire a la formalización laboral de su sector, debe luchar por tener un régimen especial, en lugar de gozar del derecho al trabajo digno.
