A 45 días de las elecciones de octubre ya huele mal en todos los municipios del país. Organizaciones muy serias cuya función es observar el proceso desde el momento en que se abren inscripciones hasta el conteo de papeletas al final del domingo electoral, han estado advirtiendo de todos los delitos que se vienen cometiendo a plena luz del día y sin el menor cuidado: hace ya mucho tiempo que entre los colombianos se hizo corriente la compra de votos, la trashumancia de electores, el acoso a los empleados y contratistas del Estado para que cumplan una cuota de votos, lista en mano, de lo que no se salva ninguno. Así de simple, así de rastacueros son nuestros políticos. Claro que hay excepciones, apenas las necesarias para confirmar la regla general de ganar una curul o un cargo público a la brava,o sea, apelando a toda clase de artimañas y componendas que constituyen claros delitos muy bien descritos en la legislación electoral y también en la Constitución, puesto que atropellan sin compasión los Derechos Humanos. ¿O acaso la libertad de elegir sin constreñimiento y solo en consciencia por el bien común no está perfectamente descrito en la Carta Magna?
Lo más doloroso de haber desvirtuado la hermosura del voto libre y limpio –a ciencia y paciencia desde hace más de cincuenta años gracias al importaculismo que nos es casi genético, si así pudiera decirse— es que ya existen varias generaciones que consideran los delitos electorales como formas correctas de hacerse elegir y al erario, una bolsa sin dueño del que hay que sacar el mayor provecho sin que importen un comino los daños directos o colaterales (como dicen en la jerga de guerra). Los medios de comunicación vomitan a diario los niños enfermos y muertos porque se apoderan de los fondos del Plan de Alimentación Escolar, PAE, o por el cambio de destinación de los dineros de la salud; los puentes que se desmoronan y las carreteras que no van a ningún lado; el peculado por apropiación campea por demasiadas alcaldías y gobernaciones; las cárceles en todo el territorio tienen pabellón especial para políticos, funcionarios y sus entenados. Y podría seguir enumerando horrores de este remedo de democracia en que vivimos, donde el burro le dice al puerco orejón y nos hablan de ética y moralización quienes tienen deudas con la justicia.
¿Qué nos pasó, en qué momento aceptamos la corrupción como forma de hacer negocios con el Estado, administrar lo público como hacienda privada de los gobernantes, permitir que existan puertas giratorias entre los cargos oficiales y los negocios particulares y, lo más vergonzoso, considerar huevones a los funcionarios que salen del cargo sin evidente mejoría de su pecunio? ¡Dios! Este no es el país que soñábamos para envejecer las personas como Alfredo Correa De Andreis (+) que sobrevivimos porque aprendimos con su sangre derramada que no vale la pena morir por este remedo de Patria, para que luego el Estado pida perdón a nuestras familias, como sucederá el martes próximo con los allegados de Alfre, que somos muchos.
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