El adefesio de artículo que se incluyó en el proyecto de ley anticorrupción, para penalizar a quienes se expresen contra autoridades públicas, afortunadamente alertó al país sobre dicha propuesta regulatoria, que aplica la metodología que hasta ahora no ha dado resultados. Más regulaciones y más sanciones no son medicamento costo eficiente para erradicar la corrupción en el país.

Tal texto, a más de los graves señalamientos que le caben por poner en riesgo los derechos de libertad de expresión y prensa, entraña un yerro jurídico esencial, pues pretende castigar penalmente dos veces por una misma conducta.

Si el efecto que pretende la norma se da cuando se compruebe injuria o calumnia contra una autoridad, con afectación de sus funciones, entonces habrá primero que declarar la responsabilidad penal por aquellos delitos, para luego atribuir una responsabilidad adicional, lo que quebranta postulados básicos, como el de no sancionar dos veces a un individuo por una misma causa.

Tan burdo expediente, que debe ser rechazado, ha de apreciarse como síntoma de la enfermedad regulatoria punitiva judicial que aqueja al país. El acetaminofén para todo problema social es expedir una norma que establezca un tipo penal o eleve las sanciones de tal orden.

Si se quiere salvar la democracia actual – preocupación que ahora lidera Estados Unidos -, es preciso creatividad, compromiso e innovación en la tarea por la ética pública. No es recortando derechos como ello se logra, sino reconociéndolos.

La corrupción es la principal causa de vulneración a los derechos humanos, pues mina la confianza en lo público y termina por destruir empleos, desconectar escuelas y dejar en maquetas centros de salud.

Por ello, es apremiante establecer una política integral de reparación a las víctimas de la corrupción, que implique efectos patrimoniales con carácter expropiatorio, para quienes incurran en defraudaciones y malas prácticas.

Resarcir a personas, grupos y a la sociedad por actos tales, así como proteger efectivamente a los testigos, informantes y denunciantes deben ser columnas centrales en esta lucha de la sociedad.

De otro lado, es momento de aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones para prevenir y sancionar los actos corruptos. Las redes sociales son mecanismos muy útiles en ese frente. Por ello, diseñar y abrir nuevos canales tecnológicos de vigilancia es apremiante.

Usar la inteligencia artificial conduce al éxito, como lo ha entendido la Contraloría General con la puesta en marcha de plataformas de seguimiento digital en materia de contratación pública.

Un SECOP que permita apreciar en línea los desarrollos de las obras contratadas, más allá de ser repositorio documental, será muy valioso en esta tarea.

Pronto el país tendrá que evaluar estrategias diferentes para que los administradores públicos cuenten con mayor autonomía al momento de seleccionar contratistas, pero también que sus decisiones se sometan a escrutinio público de resultados, pues queda claro que regular hasta el menor detalle los procesos contractuales no ha servido para frenar el despilfarro, ni la falta de probidad.

Reconocer estímulos para quienes bien actúan, colocar sobre la mesa las negociaciones y definir claras responsabilidades patrimoniales y políticas en este campo, son herramientas que deben usarse contra la corrupción.

Finalmente, el desarrollo de una cultura cívica que promueva la ética en todas las manifestaciones de la vida colectiva y que comprometa esfuerzos desde la educación, así como referentes cotidianos prácticos que hagan ver que ser corrupto no paga, son esenciales.

Normas democráticas mínimas, máxima práctica de la ética social y ejemplo de quienes ejercen liderazgo publico son la vía para tener resultados en la lucha contra la corrupción en Colombia.

*Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Area Andina