Es una cuestión de enfoque con especial impacto. Existe consenso sobre la necesidad de avanzar en la reactivación social y económica, a partir de generar empleo y oportunidades, y de fortalecer el aparato productivo del país. No obstante, la ruta para lograr esos objetivos y la orientación que se adopte son determinantes y, hasta ahora, poco se plantea sobre ellas.

La lógica de la “reforma laboral” entraña más de lo mismo; repetir lo que hasta ahora se ha impuesto en el país sin resultados.

Poca concertación, acelerada aprobación legislativa y expedición de normas de flexibilización y reducción de costos, fórmula que no ha funcionado. Más de 60 leyes que reforman el mercado laboral y la protección social se cuentan en los últimos 30 años, pese a las cuales la segmentación entre trabajo formal e informal se agudiza y las condiciones estructurales no se modifican.

Sin duda se requieren ajustes de fondo, que desde la perspectiva de realizar derechos y fortalecer la productividad para lograr desarrollo económico, asuman que lo empresarial es una comunidad de empleadores y trabajadores, que la productividad es una necesidad de ambos, que se requiere creatividad y generosidad para avanzar hacia la formalización y que la protección social debe cubrir a todos.

Flexibilizar la relación laboral no debe ser el propósito. Se requiere sí, identificar herramientas nuevas, dentro de un paquete integral y acordado previamente, a través de un amplio proceso de deliberación democrática y de concertación social.

Es la oportunidad para que se adopte el estatuto del trabajo, que aunque fue ordenado por el artículo 53 de la Constitución Política, aún no ve la luz.

Se trata de aprovechar este momento pospandemia para fortalecer la labor de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para que no quede relegada a un papel formal en el trámite de la definición anual del salario mínimo, y para que se construya, como en España o en Uruguay, un gran pacto estratégico de país en torno a los temas de mercado laboral y protección social.

Y por supuesto es la oportunidad de repensar integralmente la institucionalidad en este campo.

Ante la idea del salario diferencial por regiones, ¿por qué no evaluar alternativas para aplicar el subsidio familiar como factor de ingresos que, sin impactar la remuneración salarial, sirva para reconocer diferencias por territorios?

En relación con el salario integral por horas, ¿por qué no revitalizar estrategias como la cotización proporcional a seguridad social por semanas, que permiten reducción de costos, pero a la vez acceso a las prestaciones de la seguridad social?

Respecto de la presión por costos labores para empleadores, ¿por qué no revisar la estructura de descuentos y estímulos tributarios en relación con la generación de empleo, bajo la lógica de que aquellos son inversión, y potenciar así mismo las prestaciones para la comunidad empresarial, vía subsidios empresariales como el PAEF, servicios de apoyo como los que pueden brindar las cajas de compensación familiar, redes de empleabilidad, apoyo a cadenas productivas y de comercialización, mayor capacidad y pertinencia del servicio público de empleo y formación para el trabajo en la empresa?

La voz de Fenalco contribuye a que el país afronte el diálogo y la definición de los temas esenciales para la construcción de justicia social y desarrollo económico. Se requiere liderazgo político y decisión ciudadana para encarar esta tarea, sin precipitar la marcha, pero sin frenar el paso ni evadir la consideración de estos asuntos. Deliberación y concertación constituyen la vía para lograr los grandes cambios sociales que reclama Colombia.

*Director Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina sobre el traslado pensiónal.