La condena de José Elías Melo, expresidente de una filial del grupo Aval, revivió la pesadilla de los sobornos de Odebrecht. A Melo lo condenaron por el soborno de 6,5 millones de dólares que él supo y autorizó al exministro Gabriel García. Fueron dos altos funcionarios que la constructora corrompió, que fueron sentenciados y condenados, y Odebrecht sigue ahí.

El procurador Carrillo se propuso investigar a los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de la Ruta del Sol y en el préstamo del Banco Agrario a Navelena, en donde influyeron los sobornos de Odebrecht; al mismo tiempo el funcionario se propuso lograr la restitución de once millones de dólares de Odebrecht al país. De eso hace más de dos años, y Odebrecht sigue ahí.

Mientras tanto, nueve funcionarios y exfuncionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá relacionados con el pago de 11 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la adjudicación de contratos como el del túnel Tunjuelo-Canoas-Río, debieron comparecer ante la Fiscalía. Pero Odebrecht sigue ahí.

Y sigue a pesar del anuncio del presidente Santos en Davos de que buscaría la anulación del contrato de Odebrecht en el sector II de la ruta del sol. Pero Odebrecht sigue ahí.

Le acción corruptora de esta empresa llegó hasta el Congreso en el maletín del exsenador Otto Bula y pactó una comisión de éxito de 4,6 millones de dólares. Bula ofreció utilizar sus relaciones en las comisiones 3,4 y 6 del Congreso para presionar a los funcionarios que tenían influencia en la adjudicación. Y sí, Bula fue a la cárcel, pero Odebrecht sigue ahí.

Una tarea parecida –como lobista de Odebrecht– cumplió Miguel Elías Vidal, a quien la empresa ofreció coimas y comisiones por el 2% del valor del contrato de la Ruta del Sol. Este senador fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, pero Odebrecht sigue ahí.

Fue un llamado de atención dramático e imposible de ignorar el suicidio del expresidente peruano Alan García. La sombra de Odebrecht aparece, ominosa, en las acusaciones que lo abrumaron: los 4 millones de dólares que aparecieron en las cuentas de dos de sus cercanos funcionarios. El escándalo estalló, pero Odebrecht sigue ahí a pesar de que su sombra aparece detrás de los procesos y encarcelamientos de otros expresidentes de América Latina.

La corrupción que agencia esta empresa ha alcanzado los más altos niveles y sin embargo, sigue ahí.

El Consejo para la Transparencia del gobierno colombiano anunció en 2012 que impondría castigos a las empresas que se beneficiaran del soborno y alentó una campaña de defensa contra la corrupción; el Congreso expidió la ley antisoborno con multas hasta de 50 millones de dólares y la prohibición de contratar con el Estado hasta por 20 años, pero Odebrecht sigue ahí.

Es un caso de impunidad para una entidad que cuenta como estrategia de negocios el soborno. Esto hace pensar o en impotencia, o en resignación, o en complicidad de los gobiernos del continente.

¿No existen, acaso, herramientas legales para sancionar y cerrar toda posibilidad de contratación con esa productora de corrupción? ¿O es que todas las posibilidades de defensa de estos países se doblegan ante el poder de su dinero? No parece imposible cegar esa fuente envenenada del soborno. ¿O sí?