La natilla del fin de año fue el decreto presidencial que refuerza la Procuraduría General de la Nación con una artillería de 1.208 funcionarios.
El anuncio navideño sonó como la explosión de un depósito de pólvora. Y conmocionó al mundo político.
Una noticia de esas proporciones sólo podía emocionar al voraz clientelismo aposentado en el Congreso, en medio de una campaña electoral que ya prendió motores después de los abrazos de feliz año y del agüero infaltable de las doce uvas.
El centro del bombardeo de críticas ha sido la señora procuradora, Margarita Cabello Blanco, quien, al igual que el ministro del Interior Daniel Palacios, terminó añadiéndole más detonación al decreto decembrino con la afirmación de que los 1.208 nombramientos hacen parte de la respuesta exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió a Colombia incorporar en el Código
Disciplinario que los servidores públicos surgidos del voto popular no podrán ser destituidos por autoridades administrativas, sino por un fallo de tipo penal. Para que no se repita lo ocurrido en los tiempos de Alejandro Ordoñez que desalojó del Palacio Liévano a Gustavo Petro.
Distintas voces han contestado el argumento de la señora Cabello y del ministro Palacios, mostrando que de la solicitud de la Corte IDH no se desprende que la Procuraduría tenga que ser engordada burocráticamente. Esta corte, por el contrario, lo que ha indicado es que el ajuste normativo que aprobaron las mayorías gobiernistas en el Congreso no atendió su perentorio requerimiento.
Contra este plan de ensanchamiento clientelista de la Procuraduría no solo han reaccionado las huestes de la oposición, sino también líderes del partido de gobierno como el representante Gabriel Santos, quien no ha escondido su enfado por la forma como el Gobierno hace uso de los impuestos cuando otras necesidades reclaman una atención institucional urgente. Santos, una voz disidente dentro del Centro Democrático, ya había advertido sobre este orangután burocrático cuando se tramitó el proyecto de ley concerniente al Código Disciplinario. Y lo tildaron de alarmista. Rodrigo Uprimny también se ha pronunciado acerca del tema desde su columna periodística.
La citación de la procuraduría al Congreso para que explique los nombramientos parece una bobada, porque el decreto presidencial se basa en el ‘mico’ que las mayorías parlamentarias permitieron en el Código Disciplinario. Lo único que podría frenar este engendro-pensado para la temporada electoral-es que haya un rechazo ciudadano muy fuerte.
Lo otro es que el país cuente con un procurador o una procuradora que respete la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. O reformar una institución que nos cuesta al año la pendejadita de 1,8 billones de pesos y cuyo presupuesto creció un 13% entre 2021 y 2022, como lo reveló un comunicado de la Coalición Centro Esperanza.
@HoracioBrieva
