No hay duda que este errático gobierno no ha podido entender que las respuestas para desarrollar nuestro país se encuentran en la confianza económica con la cual el sector privado tiene las garantías para producir y así generar empleo y en la seguridad que permite que la gente tenga posibilidades de desarrollar su proyecto de vida.

En el caso de la seguridad todo ha sido lamentable. Hoy el país se encuentra al vaivén de los criminales. La “paz total” ha llevado a que los delincuentes salgan de la cárcel o peor aún a que sean habilitados como gestores de paz. En la costa caribe, esa nueva dialéctica de que “ el crimen paga” ha engendrado una pluralidad de ideas alrededor de “ negociaciones socio-jurídicas” con esas bandas. Debe recordarse que no existe base legal para las negociaciones, ni para el posible sometimiento colectivo. Esta lógica está dejando la “ seguridad pública” al garete porque no se actua frente a las bandas criminales que hoy someten a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Lo cierto de todo esto, es que las cifras son claras. En las tres capitales del caribe, el homicidio se incrementó según Medicina Legal en Cartagena de 19,6 muertos en el 2019 a 39,6 muertos x 100,000 habitantes en el 2023. En Barranquilla de 25 en el 2019 a 31 muertos x 100,000 habitantes en el 2023 y en Santa Marta de 25 en el 2019 a 37 muertos x 100,000 habitantes en el 2023. Una verdadera tragedia.

Con el cambio de los gobiernos municipales en enero de este año se iniciaron procesos de gerencia publica con la ciudadanía, con grandes avances en seguridad en especial en Cartagena con el alcalde Dumek Turbay. En Barranquilla el trabajo de cohesión del estado y de gerencia pública eficaz se ha mantenido por años y se incrementado con el esfuerzo del alcalde Alex Char. Sin embargo, la gestión se empaña cuando el gobierno nacional sale a ofrecer a criminales de todo tipo, diálogos que han hecho que esas organizaciones incrementen los homicidios para ganarse importancia en esas conversaciones. Incluso empiezan a hablar de ceses al fuego en los barrios. Una locura.

La recuperación de la costa caribe en términos de seguridad debe plantearse a través de una sinergia entre el gobierno nacional y territorial. Debe apoyarse la instalación de cámaras en los puntos calientes de las capitales, la policía de prevención debe ubicarse por cuadrantes y la fiscalía general de la nación debe hacer de la itinerancia en las calles y en los territorios, uno de sus ejes fundamentales. Tenemos que entender que esas conversaciones con diversos actores criminales conducen a más violencia e inseguridad. En estos dos años el embeleco de la “paz total” se convirtió en un desorden criminal que hoy sufren los territorios. No más pasividad, ni más abusos con la gente.

*Ex fiscal General de la Nación (2020-2024)