La actual situación en el país es de creciente desconfianza hacia las instituciones y una fuerte tendencia a concentrar la riqueza y los ingresos nacionales en pocas manos, incrementando las desigualdades. Crece la concentración del poder, el autoritarismo, los riesgos de populismo y la pérdida de valores democráticos. Está exacerbado el clientelismo, la corrupción y la falta de transparencia. Existe un deterioro acelerado de la democracia representativa (partidos y corporaciones legislativas y políticas) y del Estado. Todas las decisiones del gobierno generan desconfianza, tanto de las élites como del resto de la sociedad; y una gran parte de esta también desconfía de las élites.

Es verdad que el país requiere estabilidad y gobernabilidad, pero con dignidad y bienestar para la población. No es suficiente “vivir en democracia” (IDEA Internacional) si no se disfruta de la riqueza y los ingresos de la nación; y tampoco si el sistema de justicia está especialmente al servicio de pocos, lo cual no nos permite la paz. Algunos nos hablan de paz con legalidad, pero justamente parte del problema es que esa legalidad no la garantiza. Un país que desee estabilidad, gobernabilidad y legitimidad debe beneficiar a su población del progreso social y material; lo cual cimienta la confianza en las instituciones. Hoy estas están hechas para garantizar un orden que no incluye a la mayoría como parte de una misma nación.

Para superar nuestra situación de exclusión y desigualdades se requiere desarrollo y democracia. Lo que hoy existe ya no es válido ni suficiente. Intentar mantenerlo a toda costa, además de terquedad, tiene un costo muy alto y nos está alejando de la democracia y de las posibilidades reales de encontrar la paz y un progreso compartido. Es necesario un diálogo transparente, democrático y honesto, para alcanzar consensos duraderos y una institucionalidad legítima y al servicio de todos. Se requiere de otro pacto nacional y social con transformaciones fiscales, no como las propuestas del gobierno para salir del paso, sino estructural, de nuevo tipo, estable y que garantice que quienes tienen más paguen más. Las élites deben reconocer que el Estado está disminuido y la sociedad polarizada y con enormes desigualdades; hemos agravado la fractura social y la insolidaridad. Ellas deben superar la cultura de los privilegios. Se requiere de un Estado que garantice la aplicación de la ley para todos y justicia social, con una participación ciudadanía que sea el reflejo de una sociedad más cohesionada y reconciliada, en donde “las élites abandonen el conflicto con el resto de la sociedad”.

Debemos adelantar grandes transformaciones y un mayor desarrollo que no debilite la democracia y acreciente las desigualdades. Estas se superan con oportunidades, mejores ingresos y combatiendo el uso de fondos públicos para enriquecimiento personal. Si no nos comprometemos y hacemos acuerdos sinceros estaremos frente a una descomposición de la sociedad y la nación; y cundirá el crimen organizado, que tiende a controlar parte fundamental del territorio. Es necesario reformar las instituciones y lograr un nuevo acuerdo social.