Si los gobiernos en América Latina no tienen criterio para manejar los problemas sociales y de gobernabilidad existentes, no solo terminarán descontrolando todo sino agravándolo. Hoy, algún hecho inesperado, un incidente, un escándalo, un abuso o un acto de corrupción, desata protestas y potencia enojos sociales, desde los Estados Unidos y México hasta Chile. Estos reclamos y levantamientos populares, ya no en el largo plazo sino en el mediano y corto plazo, terminarán en disturbios graves y costosos. A las élites latinoamericanas, además de su tradicional egoísmo, hoy las caracteriza su torpeza y ligereza en la forma como tramitan todas las dificultades que estallan por doquier. Debilidad, incompetencia e incapacidad de los gobiernos, y la ineficiencia de las instituciones desfasadas, relegadas y sin vigencia, terminarán ocasionando inestabilidad, violencia, mayor polarización y fragmentación social. No digamos después que no estábamos advertidos. Lo hemos estado hasta la saciedad.
Con la pandemia, como bien se ha repetido para quienes lo dudaban o creían que eran exageraciones, se acelera un terrible deterioro del sistema de salud. En Colombia, el gobierno, sectores privados y grupos de interés pretenden hacer una reforma del sistema de salud, no para corregir lo que está mal, sino para privatizarlo aún más, llenando los bolsillos a las aseguradoras financieras, incrementando la negación de los servicios de salud y destruyendo lo poco que queda de la autonomía de los profesionales de la salud.
Como un mal no llega solo, además de la violencia que arrecia, la pandemia, las dificultades ocasionadas por la ola invernal y los huracanes en el caribe colombiano, se agudiza el deterioro social de la vida de los colombianos más débiles. Mientras tanto el gobierno se preocupa por engordar las arcas del sistema financiero y prepara proyectos con más tasas impositivas a los colombianos, previstos para ser presentados al Congreso en el 2021.
El gobierno solo piensa en cómo concentrar todos los poderes, y aspira sacar una reforma electoral que no resolverá, con algunas excepciones, nada de lo que está mal; profundizará la dependencia del poder electoral del ejecutivo y del legislativo y nos alejaremos aún más de la constitución colombiana que no ha logrado impactar el poder electoral colombiano. Esto pone en riesgo la democracia, facilitando que el próximo proceso electoral favorezca a las eternas minorías en el poder; minorías que ni siquiera saben representar a sus electores, aunque parece que tampoco les interesa.
Para completar lo anterior, el partido principal de la coalición gubernamental está cuestionando, a través de su principal dirigente, al presidente de la República. Por otra parte, como es costumbre la izquierda se fractura y las fuerzas llamadas de centro llegarían divididas a la contienda electoral de 2022. Si el creciente enojo social no se atiende o no se escucha, las próximas elecciones serán muy explosivas pues estarán alimentadas por el desespero social, el odio político, la violencia y el descalabro de un gobierno absolutamente incompetente y de cero empatías con los ciudadanos.
