Una matanza de inocentes es lo que vive hoy Colombia. Una macabra purga de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos ordenada por Herodes del sigo XXI de distinto origen y naturaleza, pero igual de crueles y sanguinarios como el tiránico gobernante de Judea que hace más de 2 mil años mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años para asegurarse la muerte del recién nacido Jesús de Nazaret.
Como le ocurrió a Herodes, que creyó en riesgo su trono por el Mesías, estos mafiosos con ínfulas de reyezuelos de los territorios en los que siembran terror, matan a toda persona que consideran una amenaza por su liderazgo social, por el empoderamiento comunitario que promueven o por ser un ejemplo de resistencia en procesos como la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos o la restitución de tierras.
Son obstáculos para sus actividades ilícitas y en medio de esta detestable cultura de la ilegalidad, asesinarlos es su forma de quitárselos de encima.
Las más recientes víctimas de la irracionalidad de las estructuras criminales y de su miserable plan de deshacerse de quienes osan pensar distinto o se atreven a denunciarlos son la pareja de esposos y ambientalistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, la líder social y gestora cultural Lucy Villareal y el dirigente campesino Reinaldo Carrillo.
Como la vileza humana no tiene límites, en medio del dolor, las familias de muchos líderes asesinados están teniendo que asumir la defensa de su memoria. No faltan quienes posando como adalides de la moral llegan a afirmar que si los mataron es porque “debían algo” o “quién sabe qué estarían haciendo o con quién se habrían metido”. ¿Qué guardarán en el alma quienes acusan con tan mezquina ligereza? ¿No se dan cuenta que estigmatizar este trabajo favorece los crímenes y es lo que buscan los violentos?
Si el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y respetar la vida de estas personas, ¿por qué no se están dando los pasos adecuados para fortalecer las medidas de protección y prevención que les garanticen los derechos a su vida y a su labor totalmente legítima?
Acaba este 2019 como arrancó, con asesinatos sistemáticos de líderes sociales. El Gobierno dice que avanzó, pero no parece suficiente. Se requieren hechos concretos, además de voluntad política para combatir las causas estructurales de la violencia, la pobreza, el abandono estatal y los vacíos de poder en las regiones donde se cometen estos crímenes. Hay que implementar el Acuerdo de Paz que contempla medidas de protección a personas, movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Y es clave enfrentar la impunidad que rodea estos casos, identificando y sancionando a los autores intelectuales de los crímenes.
Presidente Duque, ponga el tema de primero en su lista de prioridades para 2020, asuma el liderazgo y trabaje para acabar esta tragedia nacional. Póngase en los zapatos de estos colombianos que merecen un destino distinto al de ser asesinados por defender la vida y los derechos de su gente.
