Hay días que por más que amanezca, no cesa la horrible noche. El jueves 29 de agosto de 2019 será recordado como el inicio de una nueva etapa aciaga de nuestra historia, si señores una más, que podría costarnos vidas inocentes, mucho dolor y profundizar aún más la división que tanto nos golpea a los colombianos.

Esa madrugada dormí mal. Me levanté sobre las 4 de la mañana y quedé sentada tras escuchar en la radio el arrogante anuncio de Iván Márquez de iniciar una “nueva etapa de lucha armada”.

Conmocionada por los hechos que confirmaban el rearme y unión de las disidencias en torno al liderazgo de sus mandos históricos como Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña; recordé las palabras de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien horas antes de la divulgación del video me había advertido de la gravedad de la inminente situación.

“Lo más probable es que Márquez, Santrich y los 11 comandantes que se retiraron del acuerdo de paz en el último año hayan entrado en contacto con algunos grupos disidentes, lo cual reforzaría la posibilidad de crear una nueva estructura con ambiciones políticas”, estimó.

No le faltaba razón. Durante 4 meses, sus investigadores recopilaron en el terreno información sobre la expansión de las disidencias integradas ya por 1.800 exguerrilleros y 400 nuevos reclutados en 23 grupos con presencia en 85 municipios.

De bandas criminales, independientes y sin aspiraciones políticas dieron el salto a una organización nacional con unidad de mando que busca aliados para someter al Estado con su absurda lógica de la guerra. Su declaratoria de confrontación no deja dudas.

Sin medir el odio de sus palabras y arropados con una infalibilidad casi papal, hoy todos se están echando la culpa de este desmadre, cuando lo fundamental es parar la espiral de la insensata guerra que se avecina. Eso es lo que nos debe convocar a los colombianos y especialmente a los que tienen la capacidad de hacerlo amparados en la ley y la contundencia del Estado.

En esta ecuación tan compleja, hay 12 mil excombatientes que están cumpliéndole a la paz y que merecen cuidado. Sus antiguos compañeros les están ofreciendo entre 2 y 25 millones de pesos mensuales dependiendo de su rango para que se devuelvan al monte. Y si no quieren reincidir, los matan. Difícil.

Así que los desafíos son enormes. Resulta prioritario que el Gobierno refuerce la implementación del Acuerdo, protegiendo a los exguerrilleros y fortaleciendo su presencia institucional en los sectores rurales más vulnerables. También en la frontera con Venezuela, hoy guarida de estos delincuentes.

La paz hay que defenderla, sin exclusiones, cálculos políticos o intereses mezquinos. La paz no es de Uribe, de Santos, de Petro, de Duque, la paz es de todos. No nos volvamos a equivocar. No son los discursos de odio los que van a desmontar esta nueva máquina de guerra; tenemos que unirnos ante los violentos, armados y no armados. Quizás ya no tengamos otra oportunidad para hacerlo.