Hablando de balances, a propósito del primer año del gobierno Duque, pongamos sobre la mesa la realidad de los excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz y están en pleno proceso de reincorporación social y económica.

Garantizar su estabilidad es el mayor desafío de este componente de la política Paz con Legalidad que lideran la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. No ha sido una tarea fácil. Miles de ellos de origen campesino, reclutados cuando eran unos niños, no conocían una vida distinta que la ilegalidad y dejarla tras el desarme ha costado Dios y ayuda.

Luego del Acuerdo Final, 13.200 personas salieron de las filas de las Farc y fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hoy 3.220 de ellas viven en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, y 8.816 están por fuera, pero vinculadas a los programas de reintegración en 451 municipios. De 987 exguerrilleros no hay datos.

A los excombatientes comprometidos se les está entregando una asignación mensual equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo. Beneficio que acaba de ser prorrogado porque vencía este mes tras 2 años de vigencia y se extenderá 6 años más para consolidar su tránsito a la legalidad. Aunque la meta es más ambiciosa.

Se busca que los exguerrilleros se sumen a proyectos productivos para generar sus propios ingresos. Hoy están aprobados y con recursos 29 proyectos colectivos por 21.000 millones de pesos con cerca de 2.000 excombatientes y 360 proyectos individuales por más de 3.300 millones de pesos. Además, la comunidad internacional está financiando otras iniciativas por 3 millones de dólares en las que participan más 3.100 exguerrilleros y el sector privado está invirtiendo 5.000 millones de pesos en un proyecto para 1.866 personas.

Para apuntalar el arraigo a la legalidad de estos excombatientes y sus familias, los ETCR en los que viven dejarán de ser figuras jurídicas temporales para convertirse en nuevas veredas o corregimientos del país y contarán con viviendas, servicios públicos, vías y toda la infraestructura requerida por estas comunidades.

Son pasos importantes que se ven amenazados por los asesinatos de excombatientes, 138, desde la firma del Acuerdo. Por eso es fundamental que se garantice su seguridad con medidas de protección efectivas y se ofrezcan resultados contundentes en las investigaciones por estos crímenes frente a los cuales no cabe la estigmatización.

Colombia debe entender, como señala el director de la ARN, Andrés Stapper, “que el éxito de la desmovilización depende de todos como sociedad”. Este descomunal reto no puede ser exclusivo del gobierno, se requiere compromiso y grandeza de corazón de cada uno de nosotros para superar nuestras diferencias en torno a la paz y ser capaces de reconciliarnos con un proyecto de vida viable para estas 13 mil familias que merecen una oportunidad que les cambie todo.