Hace unos años, cuando estaba en proceso de definir mi camino profesional, analizaba desde cual sector podía generar mayor impacto social. Casualmente en esos días fui convocada a un curso sobre sostenibilidad dictado por Al Gore y aproveché para hacerle la pregunta que me inquietaba. Vaya sorpresa que me llevé cuando me respondió que desde el sector empresarial. Con los años he ido comprendiendo su respuesta, y la más reciente publicación de Michael E. Porter de Harvard Business School va en línea con dicho planteamiento al exponer cómo el empresariado estadounidense está replanteando su rol.
Porter explica que por muchos años EEUU tuvo una política pública innovadora que generó un ambiente de oportunidades, pero en los últimos años el progreso social ha venido en declive, lo cual, además de sus consecuencias en el bienestar de los ciudadanos, ha afectado a las empresas y la competitividad del país. A raíz de esta situación, el empresariado ha comenzado a virar de hacer lobby velando por sus propios intereses o tener iniciativas dispersas de responsabilidad social, a jugar un importante rol en el fortalecimiento de la política social y a trabajar de la mano con el gobierno para avanzar en el progreso social.
Las empresas pueden simultáneamente crear ventajas competitivas, aportar a la política social y mejorar su rentabilidad a través de las estrategias de valor compartido, plantea Porter. Los problemas sociales acarrean costos para las empresas e invertir en solucionarlos ayuda a mejorar la productividad y a expandir el mercado, traduciéndose en mejoras en la competitividad de las empresas y de la región.
Lo anterior es extrapolable a nuestra realidad en donde los retos sociales son estructurales y profundos. De acuerdo con el DANE, Barranquilla fue la ciudad del país en donde más creció la incidencia de pobreza monetaria en 2020, pasando del 25,6% al 41,2%. Según la más reciente encuesta de Barranquilla Cómo Vamos, para el 54% de los encuestados los ingresos actuales de su hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Esta situación demanda un despliegue total de la capacidad pública, un compromiso decidido del sector privado y un trabajo articulado entre ambos en torno al fortalecimiento de la política social.
Un ejemplo de cómo las empresas barranquilleras pueden aportar a la política social es a través de la inclusión productiva de la población migrante, lo cual, de acuerdo a experiencias internacionales, genera beneficios económicos en los territorios destino y aporta a la productividad de las compañías. Un gran paso en este camino se evidenció el pasado martes en el evento convocado por la Gerencia de Frontera, la Alcaldía de Barranquilla, ACDI/VOCA, USAID, Fundación Santo Domingo, Open Society Foundations y FIP, en la cual actores públicos y privados dialogaron sobre el trabajo que se viene adelantando en torno a la inclusión socioeconómica de la población migrante, retornada y de acogida en Barranquilla como una oportunidad para el desarrollo de la ciudad.
Muchas de las empresas presentes manifestaron su compromiso con la iniciativa. Con esta estrategia la ciudad se vería beneficiada, entre otras, porque se consolidaría como una plaza atractiva para la cooperación internacional ya que la migración es una de sus banderas, y acceder en mayor medida a estos recursos ayudaría a acelerar la agenda de desarrollo social de la ciudad. Barranquilla, dada su historia, puede convertirse nuevamente en un referente de integración migratoria que fortalezca el progreso social a partir del compromiso y trabajo conjunto entre el sector público y privado.
Daniela@cepedatarud.com
@DCepedaTarud
