Como padre de familia y Defensor del Pueblo, una de las satisfacciones de mi labor diaria es recorrer el país y encontrarme con niños y niñas en los colegios, en los parques y responder sus preguntas en los encuentros con la comunidad. Me conmueve tener que responder a cuestionamientos como por qué no tienen pupitres o salones adecuados o un centro de salud cercano o por qué los grupos armados se mantienen en sus veredas, causándoles miedo a ellos y sus familias. Son preguntas que nunca debería tener que hacerse un niño.
De sus inquietudes nos surgen responsabilidades y compromisos como Entidad defensora de derechos humanos. Por eso, una prioridad en la que trabajamos todos los días y que reforzamos cada abril, como Mes de la Niñez, es la indispensable garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tanto que sean reconocidos como fundamentales y prevalezcan sobre los demás.
La pobreza, la desigualdad, la discriminación y la presencia de grupos armados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados en algunas zonas rurales y urbanas siguen impidiendo que la niñez y la adolescencia disfruten de sus derechos. Entre 2021 y lo corrido de 2022, la Defensoría del Pueblo ha emitido 29 alertas tempranas en las que se identificó el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
Es preocupante el aumento y la persistencia de los casos de violencia en contra de la niñez y adolescencia: cada día de 2021, en promedio, 78 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de algún tipo de violencia. La pandemia del COVID-19 también trajo impactos como el cierre de centros educativos, la dificultad de algunos padres para brindar cuidado y acompañamiento durante las clases virtuales, el acceso limitado a internet y los inconvenientes para usar las herramientas tecnológicas, que aumentó la deserción escolar y además produjo una brecha en términos de calidad educativa y atraso en los programas académicos que aún no está claro como será resuelta.
La protección de la niñez es un asunto que debe trabajarse de manera corresponsable entre las familias, la sociedad y el Estado. Tratándose de niños y niñas, los gobiernos nacionales y territoriales deben sostener políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno, así como programas y acciones ajustados a instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, o desde la Constitución Política y la legislación nacional. Y, muy importante, teniendo en cuenta y en serio la participación y la opinión de las niñas, niños y adolescentes.
Cada año es una oportunidad para construir sobre los logros y las lecciones aprendidas en cuanto a la defensa de los derechos de los niños y en este 2022 la Defensoría del Pueblo, en el marco de su estrategia ‘Aulas sin miedo’, desarrollará acciones en todo el país para visibilizar la problemática del acoso y el ciberacoso, que hemos visto como está afectando a los estudiantes que retornaron a la presencialidad.
Sobre esta problemática, la OCDE en su análisis de las últimas Pruebas PISA, estableció que en Colombia el acoso escolar ha crecido 10% en comparación con el análisis que se realizó en el 2015. Este alarmante panorama, y sus efectos, a veces mortales en la vida de los niños y niñas, nos invita a que como sociedad planteemos reflexiones acerca de la prevención y lucha contra el acoso escolar.
Por unas aulas sin miedo, libres de acoso y de cualquier otra forma de violencia, en este mes de la niñez refrendamos nuestro compromiso porque NosUnenTusDerechos.
*Defensor del Pueblo
