El sistema de salud colombiano fue concebido como un mecanismo para garantizar la atención de las necesidades básicas de todos los ciudadanos, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. En su diseño, la cobertura y la universalidad eran pilares fundamentales; sin embargo, la realidad actual dista mucho de ese propósito inicial.
El alto costo de los medicamentos, la limitada producción nacional y el impacto de enfermedades de alto costo como el cáncer o las patologías cardiovasculares han generado una presión creciente sobre el sistema. A esto se suma el valor de los tratamientos especializados, que desbordan cualquier previsión presupuestal. El resultado es evidente: los recursos no alcanzan.
Pero el problema no es únicamente financiero. También se agrava por la conducta reprochable de quienes ven en la salud una oportunidad de negocio ilícito. La corrupción, el desvío de recursos y los abusos dentro del sistema han contribuido a debilitarlo aún más, afectando directamente a los pacientes que dependen de él.
El hecho más grave, y que mantiene al sistema de salud en estado crítico, es la intervención de algunas de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país. Tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, por directriz del presidente Gustavo Petro, optó por intervenir varias de estas entidades.
Estas intervenciones, que deberían ser mecanismos excepcionales y transitorios para corregir fallas y recuperar la estabilidad, han terminado generando más incertidumbre que soluciones. En algunos casos, los agentes interventores han sido cuestionados, suspendidos o investigados por irregularidades en el manejo de los recursos. Lo que debía ser una medida de salvamento parece haberse convertido en una práctica prolongada, con tintes de control permanente.
El remedio, entonces, empieza a parecer más peligroso que la enfermedad. La desconfianza crece, la prestación del servicio se deteriora y los usuarios quedan atrapados en un sistema cada vez más ineficiente.
A esta situación se suma la designación de figuras polémicas en cargos clave, lo que incrementa la preocupación ciudadana frente al manejo del sistema. La salud no puede seguir siendo escenario de decisiones políticas cuestionables ni de experimentos administrativos.
Mientras tanto, los colombianos enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos, barreras en la atención y, en muchos casos, el riesgo real de no recibir el tratamiento oportuno. La salud, que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en una angustia cotidiana.
Hoy, el sistema no solo está en crisis: está agonizando. Y cuando la salud de un país colapsa, colapsa también su dignidad.
Que Dios nos proteja y que el rumbo cambie pronto, porque la vida de millones de colombianos no admite más improvisaciones ni errores.
@oscarborjasant
