La ley debe respetarse, y su infracción debe generar sanciones ejemplares. No puede existir una sociedad organizada donde las normas sean opcionales. La privación de la libertad, con fines de resocialización del infractor, debe ser una prioridad para el Estado, no solo como castigo, sino como mecanismo para preservar el orden y garantizar la convivencia.
No respetar la ley debe traer consecuencias claras y proporcionales. Y entre mayores responsabilidades públicas tenga quien delinque, más severa debe ser la sanción. No es lo mismo un ciudadano común que un servidor público que, abusando de su posición, traiciona la confianza de la sociedad. A mayor poder, mayor debe ser la responsabilidad y, en caso de delito, mayor el castigo.
La impunidad es el alimento de la crueldad. Cuando la justicia se debilita o se corrompe, deja sin castigo a quien arrebata la vida, a quien roba, a quien delinque. Y ese vacío no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que envía un mensaje peligroso: que delinquir sí paga.
Hoy, en la práctica, pareciera existir un manual no escrito para el delincuente con recursos: si quiere delinquir y quedar impune, guarde dinero para pagar un buen abogado, busque un vencimiento de términos o aspire a una casa por cárcel. Lo que debería ser excepcional se ha vuelto habitual. La justicia termina siendo selectiva y desigual.
Mientras tanto, convivimos con delincuentes orondos y campantes, que se burlan de la ley, de la justicia y de la sociedad. La percepción de inseguridad aumenta no solo por el delito en sí, sino por la certeza de que, en muchos casos, no habrá consecuencias reales para quien lo comete.
Si no hay un cambio estructural en la administración de justicia y una reforma profunda al sistema penal, difícilmente se recuperará el respeto por la ley. Endurecer las penas, revisar los beneficios judiciales mal aplicados y transformar el sistema penitenciario no es una opción, es una necesidad urgente. Una sociedad sin sanción efectiva es una sociedad condenada al desorden.
No importa quién sea el delincuente: si es el hijo del pueblo o el hijo del presidente. La ley es una sola y debe aplicarse por igual. La justicia no puede tener apellidos, ni privilegios, ni excepciones.
Quien comete un delito debe responder ante la ley y no puede quedar en la impunidad. Solo así podremos reconstruir la confianza, restablecer el orden y enviar un mensaje claro: en una sociedad seria, la ley no se negocia, se cumple.
@oscarborjasant
