El último mes ha sido una radiografía inquietante del momento que atraviesa Colombia. Demasiadas decisiones, demasiados frentes abiertos y muy poca certidumbre han terminado por convertir el funcionamiento social y económico del país en una auténtica arena movediza.
En pocas semanas, el ciudadano, el empresario e incluso las propias autoridades territoriales han debido lidiar con impactos de consideración. El incremento del salario mínimo, descomunal y sin precedentes, presionó con fuerza los márgenes de las empresas. Para muchas, esto significó prescindir de empleados, renegociar condiciones laborales y adelantar procesos de reingeniería financiera para enfrentar una situación que no estaba en los escenarios previstos.
Como si no fuera suficiente, la declaratoria de emergencia económica avanzó como una medida urgente de recaudo. El aumento del IVA a los licores y del componente específico del cigarrillo hasta los $11.200 por cajetilla de 20 unidades no solo afecta al consumidor, sino que además se apropia de rentas que históricamente han sostenido las finanzas departamentales, debilitando el discurso de descentralización y autonomía territorial.
A ello se suma el impuesto al patrimonio, un tributo que en otros países ha sido eliminado por sus distorsiones. En Colombia persiste y se profundiza: se gravan rentas acumuladas sobre las cuales ya se pagó impuesto de renta y se reduce el umbral a partir del cual se aplica el cobro. La señal es preocupante, pues transmite la idea de que la acumulación de capital resulta indeseable y que la economía debe vivirse casi exclusivamente al día.
Más recientemente, el inicio de una guerra arancelaria con un socio comercial vecino terminó de agitar el panorama. Un arancel recíproco del 30% entre Ecuador y Colombia compromete márgenes, limita operaciones y pone en riesgo la rentabilidad de empresas vinculadas a la importación de determinados productos, castigadas en medio de un ruido político innecesario.
Al mirar en retrospectiva este último mes, y en la antesala de un año electoral, resulta evidente que no hay certeza sobre la tierra que se pisa. Las proyecciones que hoy se formulan mañana pueden dejar de ser viables. De ahí que resulte urgente pedir mesura, sensatez y, sobre todo, un análisis riguroso del impacto económico y social de las decisiones que se vienen adoptando desde el Ejecutivo.
*Directora Ejecutiva Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla
@KeliPuche
