Hoy día el Estado le debe al sistema de salud que funcionaba en Colombia, y el cual debió prácticamente quebrarse en su economía y aplicaciones, 38 billones de pesos, según cifras que están depositadas en el Congreso de la República. Era un sistema con sus fallas como todos los que operan de manera oficial, pero atendía el proceso de millones de colombianos necesitados de la atención de este derecho fundamental, ojo: fundamental, como está impreso en la Constitución. Es decir, el colombiano no necesita suplicar ni mendigar la salud: tiene el derecho a que se le proporcione y atienda. Pero este gobierno nacional con la exministra Corcho, hoy candidata al Senado a la cabeza, destruyó, lo aniquiló y liquidó. Dos personas diariamente están falleciendo en Colombia por no ser beneficiadas con sus medicamentos ordenados, el sistema de salud antiguo podía tener fallas, pero entregaba los remedios y era atendido por los galenos respectivos.

El mismo teatro observamos en el sistema eléctrico y su aplicación para los sectores poblados del país. El Gobierno les debe a las productoras, comercializadoras y distribuidoras 28 billones de pesos y no les paga, llevándolas a la ruina. Las crisis venía y era analizada con seriedad buscando salidas concentradas en la favorabilidad para el consumidor pero hoy, como en todas las decisiones de este funesto gobierno nacional, se prefirió desconocer las deudas, sus obligaciones, lo que es el servicio de energía para la ciudadanía, antes que dar su brazo a torcer, donde se anunciaba que el mejoramiento de la intervención estatal iba detrás del sueño de centralizar el manejo de los recursos a través de fondos públicos, “tesorería de los sistemas de energía”. Realidades fantásticas de este gobierno nacional.

En la Unidad de Riesgos y Desastres el panorama es macabro. Hasta las más insignificantes tragedias, aquellas que ni siquiera cobran vidas humanas, ahí enseguida, así lo publica la prensa, expiden el cheque correspondiente y dicen que para atender emergencias.

Ahora, recientemente, la labor permanente y excelente de la Justicia, la Procuraduría, los entes de control, están encima de nuevos descubrimientos o ampliación de las primeras versiones de delitos por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional, y estamos viendo a dos exministros de alto voltaje frente a acusaciones y una legión de subalternos, pero con poder de decisión, que están llamados a responder. En tanto quién todo debe aprobarlo y conocerlo y así funciona, el presidente no aparece por ninguna parte, ni con una sola sílaba de palabra. Simplemente escucha y voltea a mirar para el otro lado. Así es sabroso, ¿no?