Como un penoso lastre, interminable, Colombia sigue arrastrando a lo largo de su historia uno de sus más grandes oprobios, como lo es el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

La problemática volvió a estar en el centro de la discusión nacional al quedar en evidencia que entre los resultados operacionales de los recientes bombardeos de las fuerzas militares a objetivos de los grupos ilegales había varios niños como víctimas mortales. Entre agosto y lo que va de noviembre de este año van quince menores de edad muertos en estas operaciones militares fuertemente cuestionadas por la Defensoría del Pueblo y la sociedad en general.

Durante 2024, la Defensoría del Pueblo documentó 625 casos de menores reclutados forzosamente, frente al total de 423 en 2023. Sin embargo, se estima que el subregistro es muy elevado por la falta de denuncia debido al miedo entre las familias afectadas.

Otra estadística diciente y lamentable es que el 46 % de las víctimas son indígenas y el 6 % afrocolombianos; es decir, que hay una importante afectación de los grupos étnicos.

Un testimonio desgarrador sobre esta tragedia la entregó a los medios el padre de una de las víctimas fatales, una niña indígena de 14 años, quien aseguró haber informado a las autoridades sobre su ubicación, para rescatarla, pero cayó en un bombardeo: “No hubo posibilidades, no quisieron ayudarme”. Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, no es una opción legítima ni posible que, bajo estas operaciones, continúen muriendo niños reclutados ilegalmente.

Estas cifras —además de las que no están registradas—, corresponden a menores de edad cuyas vidas han sido truncadas violentamente, arrancados de sus entornos, sometidos a vejámenes, forzados a no recibir educación, a no tener sueños y proyectos, y a seguir labrando el camino de sufrimiento que recorre el país. Indudablemente, es una de las más graves y ruines violaciones a los derechos humanos y de los derechos de los niños.

Indudablemente, se requiere una mayor presencia del Estado en las numerosas poblaciones que hoy padecen este drama humanitario complejo, viviendo en medio del temor por el accionar delictivo de los grupos ilegales, donde sus habitantes tienen exiguas posibilidades de ejercer a plenitud sus derechos y, por supuesto, a recibir una protección efectiva de las instituciones gubernamentales. Nuestra niñez no debe seguir siendo vulnerada incesantemente ante la mirada impotente de toda la sociedad; es urgente la protección integral del Estado.

@Rector_Unisimon