El desarrollo sostenible fue acuñado como concepto desde 1987, en el Informe Brundtland presentado a Naciones Unidas por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que expuso la necesidad de una estrategia global para conectar el crecimiento económico y el desarrollo con el medioambiente y el bienestar social. En búsqueda de ese equilibrio, fueron fijados, en 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que contemplan compromisos como la reducción de las desigualdades socioeconómicas, la educación de calidad, la igualdad de género, la protección del medioambiente, la preservación de la paz, etc. Hoy, es incierto su cumplimiento por la falta de financiación, los efectos de la pandemia y las guerras, y la falta de compromiso y voluntad de algunas naciones.
La Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de Naciones Unidas, que tuvo lugar en España en julio pasado, dio lugar al “Compromiso de Sevilla” que renueva las intenciones de los gobiernos de atender estos objetivos. Esta coyuntura, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), debe ser aprovechada por los países de la región para promover los medios que se requieren para lograr su desarrollo sostenible.
Entre las conclusiones del Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2025, presentado por la CEPAL, está la urgencia de acelerar las acciones para escapar de las llamadas “trampas” del desarrollo como son la baja capacidad para crecer, la alta desigualdad, la baja movilidad social y débil cohesión social, y las bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. La región continúa su período de prolongado bajo crecimiento económico, por lo cual se estima que crecerá solo un 2,2 % este año y un 2,3 % en 2026.
Entre sus recomendaciones están implementar una política fiscal transformadora que amplíe la capacidad tributaria, priorice la inversión pública y fortalezca la institucionalidad, para movilizar los recursos internos necesarios para el desarrollo sostenible. Así mismo, la transformación productiva de las economías de la región, la reforma de la arquitectura financiera internacional para que sea más equitativa y estable, y la revitalización de la cooperación internacional para el desarrollo.
Las políticas de desarrollo productivo deben impactar directamente en la sostenibilidad y en la inclusividad y justicia social. Si el crecimiento económico no prioriza a las personas y el entorno natural, de ninguna manera será sostenible y, mucho menos, perdurable.
@Rector_Unisimon
