El Consejo de Estado confirmó en fallo de segunda instancia la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico en el sentido de que la Asamblea Departamental carece de competencias para quitarle al Distrito de Barranquilla la jurisdicción sobre las 1.435 hectáreas en disputa. El conflicto debe resolverlo el Congreso de la República.

Es probable que en una época remota esa haya sido un área indeterminada o ambigua en términos de jurisdicción. Pero también es un hecho irrefutable que esa franja controversial se ha desarrollado gracias a Barranquilla, mientras que las alcaldías porteñas no han sido ni siquiera capaces de mantener la principal calle 2 siempre llena de huecos e intransitable con las lluvias, desde Kilymandiario hasta cerca de la Plaza Francisco Javier Cisneros. No hablemos del muelle, parcialmente restaurado, que dejaron caer a pedazos.

Puerto Colombia no se autoabastece de agua potable y depende de la barranquillera Triple A, cuya capacidad ha llegado a su límite. De ahí los racionamientos. De ahí la irresponsabilidad de otorgar disponibilidades a nuevas urbanizaciones. De ahí la necesidad del Acueducto Regional del Norte que va, dicen, en el 48% de ejecución.

La nueva plaza Cisneros, el Muelle 1888 y la Gran Vía en construcción han sido factibles por la Gobernación del Atlántico, la cual basa fundamentalmente sus impuestos en Barranquilla. El malecón marino logró un gran impulso con El Faro donado por Tecnoglass, una empresa industrial barranquillera.

Yo propondría evitarnos un desgastante e inútil litigio de límites. Más sensata me parece una integración metropolitana, previa consulta, que haga de Barranquilla su eje por ser la ciudad más avanzada del entorno conurbado y la región Caribe. No es chovinismo. Es acordar un modelo de fusión metropolitana liderado por Barranquilla para avanzar unidos en pos de metas comunes.

Nicolás Renowitzky planteó en una columna que probablemente habría sido distinto el uso del suelo de expansión urbana en Barranquilla, pues Puerto Colombia permitió el despilfarro del mejor suelo del área metropolitana en el denso proyecto de apartamenticos VIS de Ciudad Mallorquín. Tal vez, apreciado Nicolás. Porque no podemos olvidar que el POT 2014 habilitó la variable habitacional en el perímetro industrial de Tecnoglass desatando un conflicto que impuso la tarea pendiente de revisar el POT. Tampoco podemos olvidar que el Estatuto Tributario Distrital le concedió a Argos el beneficio de pagar tarifas prediales más bajas en el uso comercial en lugar del urbanizable no urbanizado y edificable no edificado.