Son tres temas relacionados, pero empecemos por el Catatumbo. Norte de Santander es uno de los cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas de coca. El Catatumbo, con más de 27.000 y Tibú, con más de 22.000, son la región y el municipio con mayor área sembrada y con presencia de grupos armados ilegales. Adicionalmente, limita con Venezuela y es corredor para la cocaína que sale al mundo por ese país.
En cuanto al ELN, es la última guerrilla comunista, con presencia histórica en el Catatumbo y 50 años de negociaciones fallidas. Hoy es un grupo narcoterrorista binacional, que funge en Venezuela como grupo paramilitar aliado del régimen, aunque el régimen lo niegue, y en Colombia como grupo armado ilegal, aunque insista en su condición subversiva.
En dos años de negociaciones con un gobierno de izquierda, afín a la ideología que dice tener, las torpedeó con una estrategia de negociación, incumplimiento y violencia, que derivó en la suspensión del proceso por el ataque a la base de Puerto Rondón, supeditando su reanudación a una manifestación inequívoca de voluntad de paz que el ELN nunca dio.
El gobierno insistió en los diálogos, pero la respuesta fue una guerra salvaje con las disidencias de las Farc por el control territorial para preservar sus actividades ilícitas y su condición binacional, que le permitió movilizar tropas desde Arauca, con saldo de 80 muertos y 32.000 desplazados.
Epílogo: El gobierno suspende negociaciones, el presidente afirma que el ELN no tiene voluntad de paz y la fiscal reactiva órdenes de captura, anunciando que los 31 negociadores pueden ser capturados en el país o el exterior, con lo cual el proceso queda literalmente sepultado.
Y ahora Trump. En su discurso afirmó que los carteles serán calificados como organizaciones terroristas extranjeras, y una de sus órdenes ejecutivas declaró emergencia nacional para abordar el peligro de estas organizaciones, que trafican drogas con violencia extrema y funcionan como entidades cuasi gubernamentales en vastas zonas de sus países.
De otra parte, la demanda de cocaína en Estados Unidos crece y Colombia provee el 90%. Por ello, frente a la orden ejecutiva que suspende la asistencia extranjera por 90 días para su evaluación, estamos en riesgo de mala calificación, pues el área sembrada aumentó 10%, hasta 253.000 ha. en 2023, y la producción potencial de cocaína 53%, hasta 2.664 toneladas.
Atrás queda la política de corresponsabilidad que marcó la ayuda a Colombia contra el narcotráfico, reemplazada por la seguridad nacional, los intereses políticos y la predisposición de Trump hacia un gobierno de izquierda y aliado de dictadores.
Un cambio extremo de contexto que tendrá consecuencias.
@jflafaurie
