Como es bien sabido en el año 2015 tuvo lugar la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la COP 21, la que concluyó con la firma del Acuerdo de París, el cual se planteó como objetivo fundamental la descarbonización de la economía, con la finalidad de contrarrestar la inclemencia del Cambio climático y sus estragos.

En virtud del mismo los países signatarios adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático. Colombia, particularmente, se comprometió a reducir dichas emisiones en un 51% hacia el año 2030, considerado la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad hacia el año 2030.

Este mismo año se adoptaron por parte de las Naciones Unidas los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), iniciativa ésta que partió de Colombia, país este que encontró su acogida en la Cumbre Río + 20 en 2012, 2 de los cuales se conectan directamente con el Acuerdo de París. El 7, que tiene que ver con el acceso a energías limpias, no contaminantes y el 11que plantea las acciones y estrategias a seguir para lograr el cometido de la sostenibilidad ambiental y la mayor resiliencia frente al Cambio climático.

De dichos compromisos surgió, con mucha fuerza, hasta convertirse en paradigma para la comunidad internacional, el concepto de la Transición energética, entendido como la integración a la matriz energética de los países las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Ello, habida cuenta que el sector energético, a nivel global, contribuye con el 73% de las emisiones de GEI, que se pueden reducir en la medida que, de manera gradual y progresiva se sustituya el consumo de las energías de origen fósil (petróleo, gas y carbón).

Colombia se había adelantado a la Transición energética, en la medida en que desde la década de los 90´s del siglo XX promovió la reconversión del gas vehicular, el uso del gas natural en reemplazo del carbón en la generación de energía y la masificación de su uso para consumo domiciliario.

También, avanzó en tal sentido con la mezcla de los bicombustibles desde el año 2005, al tiempo que ECOPETROL ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de los combustibles derivados del petróleo que se expende y se consume en todo el territorio nacional.

Y, de contera, en el año 2014 fue aprobada la Ley 1715, que propende por el impulso de las FNCER, incentivándolas, estimulándolas. Posteriormente se expidió la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se reforzó la Ley anterior, ampliándole el espectro de las FNCER beneficiarias de tales incentivos, los cuales les fueron extendidos.

Dado el potencial que ofrece Colombia en FNCER y contando con esta caja de herramientas que le allanaron el camino, entre los años 2019 y 2021 se convocaron sendas subastas en las que por primera vez participaron las FNCER, las cuales concluyeron con éxito, ya que se adjudicaron 2.400 MW en capacidad de generación eólica.

Todo ello le valió un envidiable posicionamiento a Colombia en la Transición energética, a tal punto que en el ranking del desempeño de la misma, según el Foro económico mundial (FEM) a nivel global Colombia ocupó el puesto 29 a nivel global y el 3º a nivel de Latinoamérica.

Con el advenimiento de la administración presidida por Gustavo Petro se esperaba que la Transición energética tendría las mayores y mejores oportunidades de desarrollo, ya que la misma constituía para él su apuesta central, como lo denotan el tono y la recurrencia de sus discursos, los que le han ganado mucho protagonismo en el plano internacional, especialmente en las 3 COP de las Naciones Unidas en las que ha participado.

Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho y en materia de Transición energética justa, como quedó contemplada en la Ley 2234 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo, todo se ha quedado en la retórica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno, uno a uno los desarrolladores de los mismos han venido renunciado a su apuesta por ellos, debido a los obstáculos insalvables para ellos en los que se han convertido las consultas previas y las licencias ambientales.

Ello explica que en el más reciente Informe del FEM Colombia pasó del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó al p6o puesto. Y no es para menos, dado que hasta el momento, increíblemente no se cuenta siquiera con la Hoja de ruta de dicha Transición.