La conocida curva del economista Arthur Laffer señala que si la tasa de impuesto a las rentas personales fuese cero el gobierno recaudaría cero y, en el otro extremo, si el gobierno pretendiera recaudar el 100 por ciento de dichos ingresos nadie trabajaría para entregar todo lo conseguido y el gobierno volvería a llegar a un recaudo de cero. Dicho de otra manera, por cada punto adicional que sube el impuesto el recaudo total se incrementa un poco menos, hasta un momento a partir del cual con cada punto adicional de impuesto el recaudo total irá disminuyendo. Aunque eso parece una obviedad para un impuesto a los ingresos, algo similar ocurre con otro tipo de impuestos. Tal es el caso de “la cuenta de la luz”, que en muchos municipios de la región Caribe se utiliza de “chepito” para cobrar impuestos o tasas como alumbrado público, seguridad y hasta el exabrupto de la energía robada por otros, cuya suma con frecuencia supera un 25% del valor de la cuenta y en ejemplos que tengo llegan al 50% del valor de la misma. Un efecto indeseable de cada cargo agregado es que quienes pagaban recurran a la evasión, o cesen sus actividades si son más vulnerables.
De otra parte, no olvidemos que las reformas de 2001 y 2007 frenaron el crecimiento de las transferencias del Sistema General de Participación a municipios y departamentos, lo que explica su dependencia de otras fuentes de ingresos. Pero es necesaria la coherencia al definir la razón de ser, “hecho generador”, de cada gravamen y su base gravable. En el caso del alumbrado público el hecho generador en Barrancas, donde hay minería de carbón, es ser productor de carbón; en Soledad, donde está la mayor generadora térmica del país, es generar energía, en Barranquilla, que tiene mucha industria y donde el comercio requiere aire acondicionado, es el consumo de energía. Esa misma diversidad e inconsistencia revela que ninguna de esas actividades tiene realmente una relación de causalidad con la necesidad de alumbrado público, como bien podría ser el tamaño de un predio. Laffer advierte contra subir impuestos “más de la cuenta”, que en este caso además distorsiona el objeto de facturar el servicio eléctrico y compromete su sostenibilidad financiera. Sin embargo, la decisión del agente interventor de Air-e de no recaudar impuestos o tasas junto a la factura del servicio eléctrico, celebrada por muchos usuarios, debe considerar los lazos jurídicos con otros actores para evitar errores y conflictos que generen nuevas frustraciones.
