Las garantías y los derechos fundamentales deberían ser para todos, sin condiciones. Parece una obviedad, pero tristemente no lo es. Cada vez es más evidente que el sistema penal actúa de manera desigual, y lo que está sucediendo en el proceso del expresidente es un claro ejemplo de esta preocupante realidad.
En cualquier proceso penal, la Fiscalía tiene la obligación de poner a disposición de la defensa todas las pruebas con las que cuenta tras la acusación. Es un paso clave para garantizar un juicio justo. De esta manera, la defensa puede analizar esas pruebas, refutarlas, identificar cuáles pueden ser favorables e incluso verificar si fueron obtenidas de manera lícita. Si hubo violaciones de derechos humanos para conseguirlas, si existen fallos técnicos, o cualquier otro aspecto relevante, todo debe ser evaluado cuidadosamente. Este es un trabajo minucioso, un pilar del derecho a la defensa.
En el caso del expresidente, la Fiscalía ha presentado un voluminoso descubrimiento probatorio: alrededor de 800 gigabytes de información. Sin embargo, tan solo 48 horas después a que se terminara de copiar la información por parte de la defensa, se tiene programado la audiencia preparatoria, oportunidad en la cual se le exige a la defensa mostrar las pruebas que hará valer en juicio.
Ahora bien, debemos preguntarnos: ¿Es posible revisar y analizar 800 gigabytes de información en tan solo 48 horas? La respuesta es un rotundo no. No es un “depende”, no es una ambigüedad como casi siempre respondemos los abogados. La respuesta es clara y contundente: no es posible. Sin embargo, al solicitar un tiempo prudencial para realizar esta tarea, la solicitud fue negada.
Debemos recordar que la ley le da un plazo de 3 días a la fiscalía para realizar esta labor una vez se haya realizado la acusación, 3 días que pocas veces se cumplen, por problemas de logística o problemas técnicos y nunca se le reprocha el tiempo que se haya podido tomar de más.
Este no es un caso aislado; es el pan de cada día para los abogados defensores en Colombia. Nos enfrentamos constantemente a una desventaja abrumadora, donde la desigualdad de armas es tan evidente que socava el debido proceso y el derecho a un juicio justo. Esta situación no solo afecta a los involucrados en procesos de alto perfil, como el del expresidente, sino que es un reflejo de un sistema que falla a quienes más dependen de él: los ciudadanos de a pie, aquellos que no tienen la capacidad de hacer que su voz se escuche.
Es hora de poner sobre la mesa la discusión seria sobre cómo garantizar un sistema penal equilibrado, en el que los derechos fundamentales no se pongan en duda ni se vean sometidos a juegos de poder. Todos, sin importar nuestras afiliaciones o inclinaciones políticas, merecemos un proceso justo, donde las reglas del juego sean iguales para todos.
