La gestión corporativa actual tiene desafíos adicionales atados a las nuevas realidades legales. Ya desde hace unos años hemos venido percibiendo cómo los temas ambientales además de comprometer a los Estados, en materia internacional, comprometen y obligan también al sector empresarial a adoptar nuevas prácticas para reducir emisión de gases de efecto invernadero, mejorar la gestión de residuos, garantizar el cumplimiento legal y social, entre otros aspectos atados al cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible.
Si bien estos temas parecerían estar en la estratosfera, lo cierto es que la constitucionalización de los asuntos ambientales y sociales en Colombia ha generado la intensificación de la responsabilidad en asuntos ambientales, lo cual hace indispensable mejorar la gestión corporativa desde lo ambiental y lo social.
La gestión corporativa ambiental puede ser analizada desde distintas aristas, siendo una de las más relevantes, la contratación de bienes y servicios y la forma en la que se están incluyendo cláusulas verdes o sostenibles en los contratos. A esto le llamamos greencontracting o contratación sostenible.
Piénsese, a modo de ejemplo, en las disposiciones contractuales que deben ser incluidas en materia ambiental, en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. ¿De quién sería la responsabilidad si su arrendatario realiza actividades sujetas a permisos ambientales, sin la autorización correspondiente? ¿Cómo podría limitarse tal responsabilidad frente a un caso en el que su arrendatario realice vertimientos al suelo en el predio de su propiedad?
Estas preguntas vislumbran las cláusulas que deben ser incluidas en contratos de arrendamiento de inmuebles, de cara a la realidad actual en la materia. Típicamente, las minutas actuales son copy paste de contratos elaborados hace décadas que no contenían regulación alguna sobre estos riesgos que, en la actualidad, podrían implicar erogaciones considerables de cara al régimen de responsabilidad aplicable y al valor de las multas que pueden ser impuestas por la comisión de infracciones ambientales. Al respecto, la ley expedida el pasado 25 de julio incrementó las multas máximas de 5.000 SMLMV a 100.000 SMLMV.
En este sentido, el greencontracting se constituye en una estrategia que permite visibilizar y dar respuesta a muchos de los desafíos actuales que ameritan cada vez mayor gestión y mayor responsabilidad. Esta tarea exige el conocimiento del contexto operacional del negocio y la elaboración de cláusulas a la medida del negocio que permita limitar la responsabilidad y avanzar en una gestión cada vez más responsable y consciente de la realidad legal.
* Asociada en Holland & Knight.
