Con incredulidad, desconcierto y temor, miles de colombianos han registrado los ataques violentos del Eln a lo largo de la geografía nacional tras su declaratoria de paro armado.

Los desmanes incluyeron incendios de vehículos y oleoductos, ataques a patrullas del Ejército y la Policía, el bloqueo de vías, secuestros y finalmente, lo peor, asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, en resumen, una escalada de terror.

Vale la pena que los colombianos se pregunten cuáles son las verdaderas intenciones de esta guerrilla, que, tras sentarse con el Gobierno nacional con el objetivo de llegar a acuerdos de paz, arremete contra la comunidad y la Fuerza Pública a diestra y siniestra.

El Eln se está reinventando, viene copando los territorios otrora controlados por las Farc, está incorporando a combatientes de esa organización a sus filas, ha tomado de cuenta propia el negocio del narcotráfico y la minería criminal, y por este camino se está fortaleciendo para llegar con nuevos bríos a la farsa de los diálogos de Quito, Ecuador.

Por eso, el Estado no puede reiniciar los diálogos con esa organización, no puede después de esta arremetida terrorista llegar amedrentado y debilitado a las conversaciones de Quito.

Fue lo mismo que ocurrió en el Caguán, se confirma lo que yo siempre he sostenido: que esta organización criminal se ha burlado en cuanta ocasión ha podido de la voluntad de paz.

La Fiscalía colombiana mientras tanto ha emitido órdenes de captura contra los miembros del comando central del Eln, al tiempo que advierte tener información sobre el paradero de esta comandancia en Venezuela. ¿Qué probabilidad hay de hacer comparecer a estos delincuentes ante la justicia? A mi modo de ver, ninguna.

De la misma forma en que protegió y resguardó a las Farc por muchos años, hoy el gobierno de Nicolás Maduro hace lo mismo con el Eln, grupo que aprovechando la crisis de Venezuela y de los miles de ciudadanos que huyen de su régimen, ahora recluta e involucra en sus actividades terroristas a los ciudadanos del vecino país.

La situación de Venezuela entonces también impacta el mantenimiento del orden público en nuestro país. ¿Cuántos venezolanos han ingresado a Colombia para quedarse? ¿Cómo están afectando nuestra economía, nuestros empleos, nuestra seguridad? Y, ¿qué capacidad y preparación tiene o ha demostrado el Gobierno nacional para enfrentar esta crisis? Aquí hay que poner orden ya, y también recursos, porque lo peor seguramente está por venir.

Estoy mirando con enorme preocupación la fecha del 22 de abril en la cual el dictador Nicolás Maduro con toda seguridad se reelegirá en unas elecciones antidemocráticas y descalificadas por la comunidad internacional. Un golpe al corazón de la esperanza. Muchos venezolanos ese día tomarán la decisión de emigrar.

Son temas muy graves que afectan nuestro país por cuenta de Venezuela, y que deben afrontarse y resolverse con realismo, sin dilaciones y con autoridad desde ya para que el presidente que tome las riendas de Colombia, a partir de 7 de agosto del 2018, no reciba un país en crisis económica, de desempleo y con un grupo subversivo posesionado en el territorio nacional.