Hasta junio de 2016 se habían presentado en Colombia 5.200 consultas previas, según el Ministerio del Interior.

Las promovieron comunidades para proteger territorios ancestrales y también avivatos para sacarle provecho personal a las empresas y a los gobiernos.

En algunos casos los proyectos quedaron paralizados; en otros, aún siguen el trámite de conciliación que es donde justamente aparecen los intereses legímitos y los velados.

Detrás de ese recurso, que reconoce el derecho fundamental de los grupos étnicos a proteger su integridad cultural, social y económica ante la ocurrencia de medidas, proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, también puede haber una motivación política.

Con las 33,3 consultas previas que se presentaron cada mes en los últimos 13 años –más de una por día– estaría surgiendo el afán electorero de grupos políticos emergentes, que escalan la confusión para mostrarse defensores naturales de las minorías.

Hasta ahí lo que tenemos es la pugna de ambiciones, que podría ser legítima, inclusive, en el campo de la política marrullera.

Lo que resulta incomprensible es la actitud ingenuamente solícita de algunos actores sociales que, sin reconocer la complejidad de expectativas e intenciones, asumen que toda consulta está animada por intereses altruistas y que toda inversión en desarrollo tiene implícita una pretensión perversa.

Amparados en una codificación que reivindica el carácter negativo de los hechos como insumo esencial de información, los periodistas, por ejemplo, nos seguimos dedicando a amplificar el escándalo y a potenciar la traba.

De entrada la actitud maniquea de identificar dos extremos que nunca se encuentran, es inadmisible. Pero aún si ante el dilema escogemos siempre el lado que, quién sabe con qué rigor, suponemos dañino.

Deberíamos, en cambio, hacernos preguntas que no desdeñan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: ¿Es posible acotar los extremos y buscar, de contera, una fórmula que mitigue los efectos del desarrollo sin prohibirle este a un país que lo demanda en todas sus fronteras? ¿Es posible acometer las inversiones prolijando, inclusive, mejores condiciones que las encontradas?

Conozco un caso que tiene esas respuestas. Se llama: desviación el arroyo Bruno, en La Guajira. Y de él me propongo hablar en la columna de la próxima semana.

Por lo pronto, permítanme esta reflexión:

Toda inversión privada mira siempre tres condiciones: la económica, la natural y la política. Por años –60, si no estoy mal– la guerrilla fue la amenaza más importante de los capitales, unas veces para espantarlos y otras veces para darle mayor capacidad de negociación ante el Estado.

¿No será que ante la desactivación del conflicto estamos convirtiendo la consulta previa en el nuevo riesgo político de Colombia?

@AlbertoMtinezM