El viernes pasado el conflicto sobre las aspiraciones separatistas en Cataluña alcanzó su apoteosis, con la declaración de independencia en el Parlament de Barcelona y la inmediata intervención del Gobierno central destituyendo al ejecutivo catalán al completo y convocando elecciones en Cataluña para este 21 de diciembre. Pero el segundo e inesperado acto del drama acaba de dar comienzo de forma bastante esperpéntica. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, se ha ido con la mitad de sus ministros a Bruselas para, según sus palabras, “denunciar la actuación del Gobierno español”.
La otra parte de su gabinete se ha quedado en Barcelona continuando “la actividad política como miembros legítimos del gobierno de Cataluña”. A lo largo de la historia ha habido muchos casos trágicos de gobiernos en el exilio, normalmente obligados por invasiones o revoluciones internas. Pero no me consta precedente de esta original fórmula de tener medio gobierno en el exilio y la otra mitad in situ.
Aunque Puigdemont rechazó que la huida a Bruselas tuviera que ver con su situación jurídica, ya ha preparado la estrategia con un conocido abogado. La Fiscalía le acusa a él y a sus doce exministros de rebelión, sedición y malversación, con penas que podrían llegar a 30 años de cárcel. La Audiencia Nacional debe decidir si la organización del referéndum ilegal y la posterior proclamación de la república catalana supusieron instigar a la sociedad contra el orden legal vigente. Puigdemont no lo entiende así, porque en las elecciones catalanas de 2015 su lista, Junts pel Sí, se presentó con el objetivo de aprobar una declaración de independencia. “Me quieren meter en la cárcel por cumplir mi programa electoral”, fue quizás la frase más esperpéntica de la rueda de prensa del destituido líder catalán en la capital belga.
Este malentendido sobre la democracia no es exclusivo de Puigdemont: pensar que la victoria en las urnas te autoriza a hacer lo que quieras. Un partido en el gobierno que propone introducir la pena de muerte o expulsar a los inmigrantes no lo puede hacer si las leyes fundamentales no lo permiten.
Por supuesto que las leyes se pueden cambiar con las mayorías y procedimientos políticos establecidos en ellas. De ahí que haya sido un movimiento astuto del presidente Mariano Rajoy convocar elecciones en Cataluña para diciembre, acortando así al máximo el periodo de intervención en las instituciones catalanas. Felizmente, los partidos independentistas –a la espera de lo que decida el anticapitalista CUP– han confirmado su participación en los comicios navideños a pesar de que restan legitimidad a Rajoy para convocarlos. Es imposible pronosticar si 21-D los separatistas renovarán su exigua mayoría o la perderán. Gane quien gane, hay que esperar que todos los actores hayan aprendido de los muchos errores que han llevado a la actual crisis. Después de Navidad, deben ponerse a buscar soluciones comunes en lugar de imponer su voluntad con decisiones unilaterales.
@thiloschafer
